|
Getting your Trinity Audio player ready...
|
Ocho personas fueron condenadas a penas de entre tres y seis años de prisión tras ser halladas culpables de integrar una red dedicada a la falsificación de documentos públicos y privados, en el caso conocido como Operación Colibrí, según dictaminó un juez de instrucción de Santiago mediante un procedimiento penal abreviado presentado por el Ministerio Público.
Los condenados son Julio César Almonte Espinal, Luis Manuel Rodríguez, Fausto Merán, William Rodríguez Rodríguez, José Rosario Marte y Thomás Enmanuel Rojas, quienes recibieron seis años de cárcel; Yanuel Morales Rodríguez, sentenciado a cinco años; y José Carlos Montero, condenado a tres. Todos aceptaron su culpabilidad durante el proceso, llevado a cabo por las fiscales Esther María González Peguero, representante del Ministerio Público ante la Junta Central Electoral (JCE), y Liliana Guillén, de la Fiscalía de Santiago.
El grupo operaba en el entorno de la Junta Municipal de Santiago, tramitando documentos falsos que, según las autoridades, pusieron en riesgo la seguridad jurídica del país. La investigación estuvo a cargo de la Dirección General de Persecución, la Fiscalía de Santiago y el Ministerio Público adscrito a la JCE, con apoyo de agentes encubiertos de la Dirección de Seguridad Civil. La Consultoría Jurídica de la JCE y el Dicrim de la Policía Nacional actuaron como querellantes.
Los imputados admitieron haber falsificado actas de nacimiento, cédulas de identidad, títulos universitarios y de propiedad, licencias de conducir y permisos de armas, que eran vendidos a ciudadanos dominicanos y extranjeros. El expediente, de más de 600 páginas, describe la estructura de la red y los roles de cada integrante.
El juez Job García Hurtado, del Segundo Juzgado de la Instrucción de Santiago, admitió el acuerdo y dispuso la suspensión parcial de la pena, considerando el tiempo que los imputados pasaron en prisión preventiva. Entre las condiciones figuran residir en el último domicilio declarado, notificar cualquier cambio al juez de Ejecución de la Pena, abstenerse de actividades fraudulentas y capacitarse en un oficio. El incumplimiento implicará cumplir la pena en prisión.
En paralelo, Ana Delia Ysidra Tavarez Soto, Samuel Elías Ceballos Ramos, Arsenio Reyes, José Miguel Cruz Hiraldo y Noel de Jesús Padilla Minaya fueron enviados a juicio. La Fiscalía aportó más de 800 pruebas, incluyendo plásticos utilizados para imprimir documentos oficiales, incautados en allanamientos. La investigación reveló que los “buscones” captaban clientes y asignaban los trabajos a especialistas que manipulaban actas originales para imprimir información falsa sobre papel de seguridad.
El Ministerio Público calificó el caso como violación a los artículos 265, 266, 147 y 150 del Código Penal Dominicano, además del artículo 13 de la Ley 8-92 sobre Cédulas de Identidad y Electoral, que tipifican la asociación de malhechores y la falsificación de documentos públicos y privados.
