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Propietarios de Vidal Plast irán a juicio por explosión en San Cristóbal que dejó 38 muertos

Los propietarios de la fábrica de plástico Vidal Plast, Edward Armando Vidal Garrido, Maribel Sandoval Almánzar de Vidal y Mercedes Altagracia Vidal Sandoval, enfrentarán juicio por la explosión ocurrida el 14 de agosto de 2023 en San Cristóbal, que dejó 38 fallecidos, decenas de heridos y la destrucción de nueve edificios, además de daños a varias viviendas.

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Los propietarios de la fábrica de plástico Vidal Plast, Edward Armando Vidal Garrido, Maribel Sandoval Almánzar de Vidal y Mercedes Altagracia Vidal Sandoval, enfrentarán juicio por la explosión ocurrida el 14 de agosto de 2023 en San Cristóbal, que dejó 38 fallecidos, decenas de heridos y la destrucción de nueve edificios, además de daños a varias viviendas.

La jueza Loyda Amador, del Segundo Juzgado de la Instrucción de San Cristóbal, dictó auto de apertura a juicio tras acoger la solicitud del Ministerio Público, que presentó 128 elementos de prueba, incluyendo testimonios, documentos, peritajes y material audiovisual.

Según el expediente, la tragedia fue producto de la “torpeza, imprudencia, inadvertencia, negligencia e inobservancia” de los reglamentos de almacenamiento de plásticos, salud y medio ambiente por parte de los acusados. El siniestro devastó el antiguo Mercadito de San Cristóbal a las 3:10 p.m., en la intersección de las calles Padre Ayala y Francisco J. Peynado. Los bomberos determinaron que la explosión fue causada por el químico Autofina-Luporox A 70S (Peróxido Orgánico 5.2), utilizado en la industria del plástico y caucho.

El Ministerio Público sostiene que el almacenamiento inadecuado del químico en un ambiente cerrado, junto a residuos plásticos, provocó la combustión. El expediente detalla que el 18 de marzo de 2023, cinco meses antes de la tragedia, ya se había registrado un incidente similar con chispas y humo que alertó sobre los riesgos.

Los fiscales Fadulia B. Rosa Rubio, Laura Segura Cordero, José Guerrero Jiménez, Ingris Guerrero Polanco, Daryl Montes de Oca y Eduardo Velázquez representaron al Ministerio Público en la audiencia. El caso fue declarado de tramitación compleja.

Los acusados enfrentan cargos por violación de los artículos 319 del Código Penal, 153, numeral 2, de la Ley General de Salud 42-01, y 175, numeral 7, 176, 183 y 187 de la Ley 64-00 sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales.

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