Una contradicción pública entre el procurador adjunto general Wilson Camacho y la abogada Ingrid Hidalgo, defensa de la imputada Cinty Acosta, salió a relucir durante el conocimiento de la solicitud de variación de medida de coerción en el caso del presunto desfalco millonario al Seguro Nacional de Salud (Senasa).
Camacho aseguró que Acosta y otros dos imputados admitieron su culpabilidad y han colaborado con el Ministerio Público, razón por la cual el órgano acusador solicitó al tribunal variar la medida de coerción de prisión preventiva por arresto domiciliario, como parte de una estrategia procesal sustentada en la cooperación ofrecida por los encartados.
Sin embargo, la versión fue rechazada categóricamente por la abogada Hidalgo, quien negó que su defendida haya sostenido cualquier tipo de negociación o acuerdo con el Ministerio Público. Precisó que, durante la fase de contrarréplica, la acusación acogió parcialmente el pedimento de la defensa —arresto domiciliario, garantía económica e impedimento de salida del país—, pero aclaró que esto no implica colaboración procesal ni acuerdo previo.
La jurista sostuvo que la solicitud de variación de coerción responde a criterios jurídicos y de proporcionalidad, y no a supuestos beneficios derivados de cooperación con la acusación.
El caso forma parte de la investigación que desarrolla el Ministerio Público sobre un presunto entramado de corrupción administrativa y desfalco de fondos públicos en el Senasa, proceso que continúa generando posiciones encontradas entre la acusación y las defensas técnicas de los imputados.
