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El Ministerio Público aseguró este domingo que la condición de salud alegada por el exdirector del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), Santiago Marcelo F. Hazim Albainy, para evitar la prisión preventiva, no ha sido acreditada por ningún médico forense en el marco del proceso por presunta corrupción administrativa.
“El imputado y su defensa recurren ahora al tema de salud para evadir el proceso, pero todos los testigos establecen que se desempeñaba con normalidad en el SeNaSa y en su vida social privada”, señaló el órgano acusador en un comunicado.
La institución precisó que hasta el momento no se ha aportado evidencia que sustente las supuestas complejidades médicas alegadas por Hazim. Recordó que para que un tribunal pueda ponderar un informe médico es necesario que la condición sea establecida por un perito designado por el Ministerio Público o por el propio tribunal, procedimiento que no ha ocurrido en este caso.
De acuerdo con la acusación, Hazim encabezaba una red de corrupción administrativa que habría sustraído más de RD$15 mil millones a través del SeNaSa, en perjuicio del Estado y de los afiliados. Durante la audiencia del viernes, el Ministerio Público solicitó 18 meses de prisión preventiva y la declaratoria de complejidad del proceso.
El órgano persecutor reiteró que la prisión preventiva es la medida más adecuada para Hazim y otros imputados, como el consultor jurídico del SeNaSa, Germán Robles, señalados de recibir más de RD$2 mil millones en sobornos. También mencionó maniobras de ocultación de bienes, falsificación de documentos y acciones para impedir la cooperación de otros investigados, dentro de lo que calificó como una red de crimen organizado estructurada y sistemática.
El juez Rigoberto Sena fijó para este domingo, a las 6:00 de la tarde, la audiencia en la que dará a conocer su decisión sobre la medida de coerción. El Ministerio Público informó que tres de los imputados admitieron los hechos y declararon haber pagado sobornos a Hazim y a otros exfuncionarios del SeNaSa.
El expediente incluye más de 138 pruebas documentales, 35 testimoniales y pruebas periciales que vinculan a los acusados con los hechos investigados.
