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Los abogados del Estado dominicano reclamaron una indemnización civil de RD$12,707,837,000 contra el exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Hugo Beras, José Ángel Gómez Canaán (Jochi) y otros implicados en el caso por presunta corrupción, sabotaje al sistema de semaforización y terrorismo. La demanda busca resarcir los daños y perjuicios que, según la acusación, fueron ocasionados al sistema público.
Además de la reclamación civil, el Ministerio Público imputa a los acusados los delitos de falsificación de documentos y asociación de malhechores. La investigación se originó tras detectarse irregularidades en el contrato con la empresa Transcore Latam, valorado en más de RD$1,300 millones.
Tras la suspensión del contrato, el sistema de semáforos del Gran Santo Domingo se apagó en dos ocasiones, provocando caos vehicular en varias avenidas.
Audiencia preliminar aplazada
El Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, presidido por la magistrada Yanibet Rivas, aplazó este lunes la audiencia preliminar. La jueza explicó que la decisión responde a la notificación de la querella con constitución en actoría civil presentada por los representantes legales de las víctimas, entre ellas el Estado dominicano, el Ministerio de Defensa y el propio Intrant.
Según la magistrada, esta notificación activa automáticamente el plazo procesal establecido en el artículo 304 del Código Procesal Penal.
Rivas también acogió la solicitud de las defensas técnicas de los imputados para una prórroga, al considerar que el volumen de documentación y la cantidad de partes involucradas requieren un tiempo adicional para garantizar el debido proceso.
Nuevo calendario del tribunal
El tribunal otorgó un plazo de 29 días y fijó la continuación de la audiencia para el 9 de febrero, a las 9:00 de la mañana. La jueza advirtió que ya se cumplió con la notificación íntegra del expediente, por lo que en la próxima convocatoria deberá iniciarse formalmente el conocimiento de la audiencia preliminar.
Asimismo, estableció un calendario de trabajo con audiencias todos los lunes y viernes, en jornadas extendidas de 9:00 de la mañana a 7:00 de la noche, sin descartar habilitar otros días si fuera necesario. El objetivo, señaló, es asegurar un proceso eficiente, oportuno y ajustado a las garantías constitucionales.
