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Santo Domingo.- El presidente del Consejo Directivo del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (INDOTEL), Guido Gómez Mazara, anunció que a partir de la segunda semana de enero la institución iniciará una campaña nacional de concienciación para prevenir a los ciudadanos sobre la extorsión digital y la difusión de noticias falsas en redes sociales.
Durante una entrevista, Gómez Mazara explicó que, conforme a la ley vigente, INDOTEL no regula contenidos, razón por la cual ya se encuentra concluido un anteproyecto de ley que está siendo socializado con distintos sectores de la sociedad, con el objetivo de modernizar la legislación y permitir que los ciudadanos puedan reclamar sus derechos frente a los abusos digitales.
El funcionario alertó que en la República Dominicana el 62 % de la información que circula en redes sociales es falsa, y que las mentiras se difunden seis veces más rápido que la verdad, lo que ha convertido la desinformación en un negocio lucrativo, incluso utilizado en ámbitos como la política.
Gómez Mazara señaló que con más de 10.5 millones de dominicanos con acceso a internet, una información falsa puede viralizarse rápidamente y ser utilizada por estructuras de extorsión, que crean noticias falsas, las hacen virales y luego manipulan o chantajean a las víctimas.
Indicó que empresarios, deportistas, políticos y comunicadores han acudido a INDOTEL denunciando ser víctimas de extorsión basada en informaciones falsas, imágenes manipuladas o contenidos creados con inteligencia artificial, que afectan su vida personal, financiera y profesional.
Como parte de la campaña, INDOTEL educará a la población sobre cómo identificar imágenes falsas, noticias manipuladas y contenidos engañosos, como ocurre cuando se utilizan imágenes de otros países para asociarlas a fenómenos naturales en la República Dominicana.
Finalmente, Gómez Mazara subrayó que la iniciativa no busca limitar la libertad de expresión ni la crítica, sino combatir la distorsión informativa y penalizar la extorsión, un fenómeno que calificó como un “negocio malvado” que vulnera derechos fundamentales de los ciudadanos.
