El Tribunal Constitucional (TC) reafirmó la obligación de los jueces de argumentar de manera clara y razonada sus decisiones judiciales, al anular una resolución de la Suprema Corte de Justicia por considerarla insuficientemente motivada, lo que afectaba los derechos al debido proceso y a la tutela judicial efectiva.
Mediante la sentencia TC/1458/25, el TC estableció que los magistrados deben explicar con precisión cómo valoran los hechos, las pruebas y la normativa aplicable, especialmente cuando sus decisiones impiden acceder al fondo del litigio.
El caso se originó a partir de un conflicto laboral que llegó a la Suprema Corte mediante un recurso de casación. Dicho tribunal declaró la perención del recurso al considerar que había transcurrido el plazo legal sin actos procesales sustanciales.
La parte recurrente, Francisco Javier de León Álvarez, argumentó que la Tercera Sala de la Suprema Corte no ofreció un análisis suficiente de los hechos ni de las normas aplicables, limitándose únicamente a declarar la perención sin considerar las circunstancias particulares del caso.
En su resolución, el TC señaló: “La sentencia no cumple con el estándar de debida motivación, ya que se limita a transcribir disposiciones legales sin explicitar su aplicación concreta y omite la valoración de hechos y actos procesales específicos”.
El Tribunal Constitucional ordenó que el caso sea conocido nuevamente por la Tercera Sala o por la Sala de Tierras, Laboral, Contencioso Tributario y Contencioso Administrativo, conforme a la ley.
El origen del conflicto
La disputa judicial comenzó con una demanda laboral presentada por Francisco Javier de León contra la empresa Polanco Fashion International, S.A., reclamando prestaciones por dimisión justificada, derechos adquiridos, salarios, horas extras y daños y perjuicios.
El Juzgado de Trabajo del Distrito Judicial de La Vega desestimó inicialmente todas sus pretensiones el 30 de mayo de 2007. Tras apelar, la Corte de Trabajo confirmó la sentencia el 19 de febrero de 2008. Posteriormente, el demandante llevó el caso ante la Suprema Corte, que declaró el recurso perimido el 19 de diciembre de 2016 mediante la Resolución 3767-2016, al considerar que habían transcurrido más de tres años sin actividad procesal relevante por parte del recurrente.
Frente a ello, De León acudió al Tribunal Constitucional, alegando vulneración de sus derechos fundamentales debido a la falta de motivación en la resolución de la Suprema Corte.
