El Gobierno de Estados Unidos, bajo la administración de Donald Trump, estaría evaluando la imposición de sanciones económicas o la prohibición de entrada al país para funcionarios alemanes, específicamente de la Oficina Federal para la Protección de la Constitución (BfV), por haber clasificado al partido Alternativa para Alemania (AfD) como un grupo «claramente ultraderechista». Esta calificación, que permite a los servicios de inteligencia alemanes observar al AfD, ha generado tensiones diplomáticas y podría desencadenar medidas represivas por parte de Washington.
Según la revista Der Spiegel, el Departamento de Estado de EE.UU. está considerando sancionar a quienes participaron en esta decisión, tomada en mayo, así como a aquellos que han estado involucrados en una disputa legal relacionada con la clasificación del AfD. El partido de ultraderecha ha presentado un recurso judicial en contra de dicha clasificación.
Un portavoz del Departamento de Estado, consultado por Der Spiegel, se negó a proporcionar detalles sobre posibles acciones, pero se refirió a las críticas del secretario de Estado, Marco Rubio, quien en redes sociales calificó la supervisión del AfD por parte de la BfV como un acto de «tiranía disimulada», y no de un proceso democrático legítimo.
En medio de esta controversia, varios exfuncionarios del Gobierno de EE.UU. han expresado su desacuerdo con la medida. Tomo Malinowski, exdiplomático estadounidense, calificó de «locura» la idea de sancionar a funcionarios alemanes, argumentando que tal decisión sería impensable bajo una administración convencional en Washington. A pesar de ello, señaló que las sanciones impuestas a activistas de la organización HateAid, que combate los discursos de odio en línea, demuestran la disposición del actual Gobierno estadounidense para tomar decisiones controvertidas.
HateAid, que ha sido un blanco de críticas por su trabajo en la lucha contra el discurso de odio, ha visto restricciones por parte de EE.UU., que considera a la organización como promotora de la «censura digital» y un recorte a la libertad de expresión. Esta postura ha llevado a la prohibición de entrada a EE.UU. de figuras clave de HateAid, como su directora Anna-Lena von Hodenberg.
Además, el excomisario europeo Thierry Breton ha sido señalado por el Departamento de Estado debido a su papel como arquitecto de la Digital Service Act, una legislación europea que busca obligar a las plataformas digitales a eliminar contenidos ilegales.
Este desarrollo ha avivado el debate sobre la libertad de expresión y el control de los discursos políticos tanto en Europa como en los EE.UU., mostrando la creciente tensión entre las políticas internas de los países y la influencia de las decisiones extranjeras en la diplomacia global.
