La abogada de Jorge Glas, exvicepresidente de Ecuador, confía en que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ampliará las medidas provisionales a favor de su cliente, ordenando su «hospitalización inmediata» y «arresto domiciliario» para finales de enero de 2024.
Sonia Vera, defensora del político correísta, explicó que tras el traslado de Glas a una nueva prisión de máxima seguridad en la provincia de Santa Elena el 10 de noviembre, solicitaron a la Corte IDH que garantice su derecho a la salud y su integridad personal. Según un informe médico de un doctor privado que visitó la cárcel, Glas requiere atención hospitalaria urgente debido a su grave estado de salud, con múltiples enfermedades que requieren tratamiento especializado.
La defensa de Glas intentó lograr su hospitalización mediante un habeas corpus, pero un juez de Ecuador rechazó la solicitud el pasado domingo. En este contexto, Vera subrayó la falta de confianza en el sistema judicial ecuatoriano y manifestó que seguirán adelante con el proceso ante la Corte IDH, con la esperanza de que se tomen medidas para proteger la vida de su defendido.
En su denuncia, Glas afirmó haber sido sometido a «tratos crueles y denigrantes» y a «tortura psicológica sistemática» en prisión, además de señalar que no recibe la atención médica adecuada. A pesar de estas denuncias, el Ministerio de Salud argumentó que Glas ha recibido atención médica en al menos 40 ocasiones desde su traslado a la nueva prisión, y que se le ha suministrado la medicación necesaria.
La abogada Vera insiste en que el tratamiento que recibe Glas es insuficiente y considera que su situación es crítica. Según ella, el exvicepresidente se encuentra prácticamente «sentenciado a una condena de muerte» por parte del Estado ecuatoriano, que está violando de forma sistemática sus derechos humanos.
En el ámbito internacional, la defensa espera que el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU declare que la detención de Glas fue ilegal, especialmente después de su asalto policial en abril de 2024, cuando las fuerzas de seguridad entraron a la Embajada de México en Quito para sacarlo a la fuerza el mismo día que se le concedió asilo. Además, la defensa espera que la Relatoría Especial sobre el Derecho a la Salud se pronuncie sobre la situación médica de Glas.
A nivel judicial, las sentencias por los casos Odebrecht y Sobornos que pesan sobre Glas están siendo evaluadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Su defensa sostiene que estos procesos violaron el derecho a un juicio imparcial y al debido proceso.
Jorge Glas, uno de los principales colaboradores del expresidente Rafael Correa, fue condenado a 13 años de prisión por el delito de peculado relacionado con la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto de 2016.
