La Justicia de Bolivia concedió este martes la libertad al exministro de Gobierno (Interior) y excandidato presidencial, Eduardo del Castillo, quien había sido arrestado en la madrugada por presunta «obstrucción a la Policía» en el aeropuerto de Viru Viru, en Santa Cruz, cuando intentaba abordar un vuelo hacia Chile. Sin embargo, a pesar de su liberación, nuevas denuncias han surgido en su contra, lo que complica aún más su situación judicial.
El proceso judicial comenzó tras un incidente en el aeropuerto, donde Del Castillo fue detenido por presuntamente impedir la acción de los oficiales de la Policía Nacional mientras intentaba viajar al extranjero. La jueza Rosario de Carmen Egüez, encargada de revisar el caso, decidió liberarlo tras escuchar la denuncia presentada por la Policía. Sin embargo, debido a que la decisión no fue ejecutada inmediatamente, la defensa del exministro presentó un recurso de acción de libertad, que fue aceptado por el juez Carlos Alberto Moreira, quien ratificó la resolución de la jueza Egüez.
“Ordeno que se cumpla con la sentencia y se respete la libertad de los ciudadanos”, afirmó el juez Moreira durante la audiencia. En su fallo, se indicó que la Fiscalía no presentó pruebas suficientes en su contra, ya que había más dudas que certezas respecto a la acción policial durante el incidente en el aeropuerto. Además, se autorizó a Del Castillo a continuar su circulación y viajar libremente.
El exministro, visiblemente satisfecho por la decisión, expresó su intención de reprogramar su viaje a Chile para atender una cita médica con su hija. Aseguró que regresará al país el 12 de enero y dejó claro que no tiene planes de abandonar Bolivia.
Nuevas denuncias complican la situación de Del Castillo
A pesar de la resolución judicial a su favor, las complicaciones legales para Eduardo del Castillo no terminan ahí. Durante el mismo día de su liberación, se presentaron al menos tres nuevas denuncias en su contra, por presuntos delitos cometidos cuando era ministro de Gobierno bajo la administración de Luis Arce. Las acusaciones incluyen secuestro, tortura e inacción durante su gestión, especialmente en el contexto de las protestas políticas de 2019.
Una de las principales denuncias proviene de Luis Fernando Camacho, gobernador de Santa Cruz, quien acusa a Del Castillo de privación ilegal de libertad y desaparición forzada. Camacho, quien fue arrestado en diciembre de 2022 bajo cargos de terrorismo y seducción de tropas, fue detenido por las autoridades bajo la dirección de Del Castillo. En 2019, durante las protestas por el fraude electoral que denunciaban los opositores al gobierno de Evo Morales, Del Castillo jugó un papel clave en la captura de Camacho y su traslado desde Santa Cruz a La Paz.
Asimismo, se presentaron denuncias por la muerte de un policía durante una intervención antidrogas y por presunta corrupción vinculada con el manejo de fondos para comunidades indígenas.
Un periodo de controversias
La gestión de Eduardo del Castillo como ministro de Gobierno estuvo marcada por fuertes críticas de la oposición, que lo acusó de utilizar a la Policía para reprimir las protestas contra el gobierno de Luis Arce y de liderar la detención de opositores durante la crisis política de 2019. Para el Movimiento al Socialismo (MAS), el período representó un intento de «golpe de Estado» contra el gobierno de Evo Morales, mientras que la oposición consideraba estas acciones como una respuesta autoritaria y violenta a las demandas sociales.
El futuro judicial de Del Castillo sigue siendo incierto, ya que las denuncias en su contra podrían derivar en nuevos procesos legales que podrían complicar su regreso a la política.
