La reciente denuncia presentada contra Julio Iglesias ha generado polémica no solo por su contenido, sino también por el lugar donde se formalizó. Según expertos legales, si los hechos denunciados ocurrieron fuera de España, la acción judicial debería haberse iniciado en el país donde se produjeron, en este caso, la fiscalía de Higüey, en República Dominicana, o incluso en jurisdicciones como Bahamas o Miami.
El hecho de que la querella haya llegado a la Fiscalía de la Audiencia Nacional en España años después de los supuestos sucesos plantea dudas sobre su procedencia y sobre la existencia de pruebas suficientes. Especialistas señalan que cuando no se interpone una denuncia en el país donde ocurrieron los hechos, a menudo se debe a la falta de evidencia sólida o a la reticencia del denunciante a respaldar formalmente sus acusaciones.
La fundación que respalda la denuncia contra el cantante ha sido vinculada con medios de comunicación y organizaciones financiadas por la Open Society, del magnate George Soros. Esta conexión ha llevado a algunos analistas a considerar que la controversia trasciende el ámbito artístico o penal y adquiere un matiz político, con una coordinación que va más allá de lo estrictamente judicial.
Así, un asunto que originalmente tendría que haberse tratado en la jurisdicción del país donde ocurrieron los hechos se ha transformado en un proceso en España, levantando interrogantes sobre la estrategia legal y la motivación detrás de la denuncia.
