El presidente de EE. UU., Donald Trump, anunció la creación de una Junta de Paz para Gaza, un organismo internacional destinado a supervisar el cumplimiento del plan de 20 puntos para poner fin al conflicto entre Israel y Hamás, así como a controlar un gobierno transitorio en la Franja. La propuesta cuenta con el aval del Consejo de Seguridad de la ONU, aunque ha generado críticas por el temor a que funcione como una estructura paralela que refuerce la influencia de Washington.
La Junta estará encabezada por el propio Trump y contará con una Junta Ejecutiva integrada por figuras clave de la política y las finanzas internacionales, entre ellas el secretario de Estado Marco Rubio, el enviado especial para Gaza Steve Witkoff, Jared Kushner, el ex primer ministro británico Tony Blair, el empresario Marc Rowan y el presidente del Banco Mundial, Ajay Banga.
Además, varios países han sido invitados a participar como miembros fundadores. Entre ellos figuran Argentina, Paraguay y Turquía, cuyos mandatarios confirmaron haber recibido una invitación formal. Egipto, Jordania y Canadá también están en la lista de posibles integrantes.
Uno de los aspectos más controvertidos del proyecto es el costo de adhesión: los países interesados deberán aportar 1.000 millones de dólares como cuota de membresía. Según un borrador de los estatutos, el mandato de los miembros será de tres años, aunque aquellos que contribuyan con sumas superiores durante el primer año podrían quedar exentos de este límite.
El documento también concede amplios poderes a Trump, quien decidirá qué países pueden integrarse al organismo y tendrá la última palabra sobre todas las resoluciones adoptadas.
La iniciativa coincide con el inicio de la segunda fase del plan para Gaza, que contempla la creación de un gobierno tecnocrático temporal y el desarme de Hamás. Este nuevo órgano administrativo estará liderado por el ingeniero Ali Shaaz y compuesto por 15 miembros adicionales.
Sin embargo, la propuesta ha despertado fuertes críticas. La relatora especial de la ONU para Palestina, Francesca Albanese, calificó la Junta como “ilegal” y denunció que busca imponer los intereses de EE. UU. e Israel. Incluso Israel ha expresado su rechazo, al considerar que la iniciativa no se ajusta a sus políticas actuales.
Pese a las dudas y advertencias sobre un posible debilitamiento del Consejo de Seguridad de la ONU, varios aliados han optado por mantener una postura cautelosa y observar cómo evoluciona el proyecto, que la Casa Blanca describe como un enfoque “más ágil y eficaz” para alcanzar una paz duradera.
