El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, decretó este domingo un estado de sitio de 30 días en todo el país tras una escalada de violencia protagonizada por pandillas, que incluyó ataques a fuerzas de seguridad y motines en cárceles.
La medida fue anunciada en cadena nacional después de que ocho policías fueran asesinados en distintos puntos de la capital, presuntamente en un ataque coordinado por grupos criminales. El estado de sitio faculta a las autoridades a detener a cualquier persona sin orden judicial y restringe las reuniones o manifestaciones públicas, buscando garantizar la seguridad frente a acciones violentas o subversivas.
En su mensaje a la nación, Arévalo afirmó: “No permitiremos que la violencia y la intimidación determinen el rumbo de Guatemala”. Además, destacó que la estrategia contra los criminales está dando resultados, lo que habría provocado la reacción violenta de las pandillas.
El mandatario explicó que los disturbios en varias cárceles el sábado y los ataques a las fuerzas de seguridad este domingo fueron represalias a los operativos exitosos de las autoridades para retomar el control de los penales. “No negociamos con delincuentes ni toleramos acciones terroristas”, subrayó.
Suspensión de clases
Ante la gravedad de los hechos, el Gobierno decidió suspender las clases en escuelas públicas y colegios privados para este lunes, con el objetivo de priorizar la seguridad de los estudiantes, según informó el Ministerio de Educación.
Motines y control de cárceles
Las autoridades recuperaron el control de las prisiones donde se habían registrado motines, incluyendo la cárcel de máxima seguridad ‘Renovación I’, el Centro de Detención Preventivo Zona 18 y Fraijanes II. Los guardias tomados como rehenes fueron liberados ilesos.
El ministro de Gobernación, Marco Villeda, confirmó la muerte de los ocho agentes y la detención de siete pandilleros implicados en los ataques, asegurando que “el Estado no se va a arrodillar ante estos delincuentes”.
Desde julio de 2025, las pandillas Barrio 18 y Mara Salvatrucha han protagonizado constantes enfrentamientos con el Gobierno por el control de las cárceles, tras el traslado de sus líderes a prisiones de máxima seguridad, lo que ha generado una serie de motines y disturbios en los centros penitenciarios.
