Residentes de Villa Altagracia solicitaron al Gobierno central la construcción urgente de un edificio gubernamental que permita concentrar en un solo lugar las principales oficinas públicas del municipio, en un esfuerzo por mejorar la eficiencia de los servicios y reducir los gastos de los ciudadanos.
Según los comunitarios, aproximadamente el 65 % de las instituciones estatales del municipio operan en locales alquilados, muchos de ellos en condiciones físicas deterioradas, lo que calificaron como una vergüenza y un reflejo de la desorganización institucional.
Problemas actuales en la prestación de servicios
Los ciudadanos destacaron que, además del mal estado de algunos locales, las oficinas están dispersas en distintos puntos del municipio, obligando a los munícipes a trasladarse varias veces para completar pagos y trámites. Esta situación genera mayores gastos y dificultades, sobre todo para las personas de escasos recursos.
Entre las instituciones que operan en espacios alquilados se encuentran:
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Edesur
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Dirección General de Impuestos Internos (DGII)
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Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (DIGESETT)
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Policía Nacional
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Ministerio de Trabajo
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Inapa
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Ministerio Público
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Defensoría Pública
En contraste, otras entidades funcionan en edificios propios o heredados:
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Aduanas, CEA y Ministerio de Agricultura operan en edificaciones heredadas tras el cierre del antiguo ingenio Catarey.
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Banreservas y el Poder Judicial cuentan con sus propios edificios.
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El Ministerio de la Mujer ocupa un local previamente destinado a una cooperativa vinculada a la desaparecida fábrica de papel.
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El Instituto Postal Dominicano (Inposdom) funciona en un espacio cedido por el Ayuntamiento municipal.
Beneficios de un edificio centralizado
Los residentes coincidieron en que la construcción de un edificio gubernamental centralizado permitiría:
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Mejorar la eficiencia de los servicios públicos.
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Reducir costos para el Estado.
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Facilitar los trámites y la vida cotidiana de miles de munícipes.
La iniciativa ha recibido respaldo de diferentes sectores comunitarios, quienes instan a que las autoridades prioricen el proyecto como una medida para modernizar la administración pública local y garantizar un servicio más accesible a la ciudadanía.
