El estado de Nueva York legalizó la muerte asistida para personas con enfermedades terminales y una expectativa de vida inferior a seis meses, tras la firma de una nueva ley por parte de la gobernadora Kathy Hochul, la cual incorpora protecciones adicionales y entrará en vigor a partir de julio próximo.
La legislación, que había sido debatida durante años, establece que ningún paciente podrá ser presionado a optar por la ayuda médica para morir y garantiza que médicos, hospitales y centros de salud afiliados a organizaciones religiosas no estarán obligados a participar en el procedimiento. A estas disposiciones se sumaron nuevos mecanismos de control impulsados por la gobernadora y el Poder Legislativo.
Según un comunicado oficial, las modificaciones buscan evitar cualquier forma de abuso y asegurar que la decisión sea completamente voluntaria, informada y tomada en condiciones de plena capacidad mental. “Nadie debe aprovecharse de nadie, al tiempo que se garantiza que los neoyorquinos con enfermedades terminales puedan morir con comodidad y en sus propios términos”, señala el documento.
Entre las salvaguardas añadidas figura un período de espera obligatorio de cinco días entre la prescripción del medicamento y su administración, así como la grabación en audio o video del momento en que el paciente solicita la ayuda médica para morir. Además, se exigirá una evaluación psicológica o psiquiátrica previa para confirmar la competencia mental del solicitante.
La ley también prohíbe que personas que puedan beneficiarse económicamente de la muerte del paciente actúen como testigos de la solicitud oral o como intérpretes durante el proceso.
Con esta decisión, Nueva York se convierte en el decimocuarto estado de Estados Unidos en permitir la muerte asistida, una práctica que comenzó a regularse en el país en 1994, cuando Oregón aprobó la primera ley de este tipo.
Hochul, quien ha reconocido en el pasado el conflicto entre sus creencias religiosas y este tema, afirmó que llegó a la conclusión de que esta era “la decisión correcta” tras años de diálogo con legisladores, especialistas en salud, activistas y, especialmente, con familias afectadas por enfermedades terminales.
La normativa entrará en vigor seis meses después de su promulgación, un plazo destinado a que el Departamento de Salud emita las regulaciones correspondientes y a que los centros médicos puedan capacitar a su personal para aplicar la ley de manera adecuada y responsable.
