El Gobierno de la República Dominicana respondió formalmente al pronunciamiento emitido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el pasado 6 de febrero de 2026, en el que el organismo expresó preocupaciones sobre las políticas migratorias del país, reafirmando su compromiso con los derechos humanos, el respeto al marco constitucional y la defensa de la soberanía nacional.
En un comunicado oficial, el Estado dominicano reconoció la autoridad y el rol del sistema interamericano de derechos humanos, pero dejó claro que la gestión migratoria nacional se ejecuta conforme a la Constitución, las leyes vigentes y los estándares internacionales, en un contexto regional extraordinariamente complejo.
Presión migratoria sin precedentes
El Gobierno subrayó que la política migratoria dominicana no puede analizarse de forma aislada, sino dentro de la crisis política, de seguridad y humanitaria prolongada que atraviesa Haití, situación que ha provocado una presión migratoria “sostenida y excepcional” sobre el territorio nacional.
Las autoridades señalaron que, por décadas, la República Dominicana ha asumido una carga desproporcionada frente a una crisis que excede sus capacidades estructurales, ofreciendo atención humanitaria, acceso a servicios básicos y oportunidades laborales, aun cuando la situación ha impactado de forma significativa en la cohesión social, el mercado laboral y el gasto público.
Regulación migratoria y soberanía
En su respuesta, el Estado reafirmó que regular el ingreso, permanencia y salida de personas es una facultad soberana reconocida por el derecho internacional y por el propio sistema interamericano. En ese sentido, rechazó la sugerencia de aplicar de manera generalizada el principio de no devolución a todas las personas en condición migratoria irregular.
Según el Gobierno, una aplicación indiscriminada de ese principio equivaldría a renunciar a los controles migratorios, lo que ningún Estado está obligado a hacer, especialmente cuando enfrenta un flujo migratorio extraordinario derivado del colapso institucional de un país vecino.
“ningún Estado puede ser compelido a asumir indefinidamente las funciones esenciales de otro”, advirtió el comunicado, al referirse a la provisión de servicios públicos en áreas como salud, educación y asistencia social.
Garantías en salud y trato humanitario
El Gobierno dominicano reiteró que ninguna persona es privada de atención médica de emergencia, independientemente de su estatus migratorio, y enfatizó la protección especial que se brinda a mujeres embarazadas, niños, niñas y personas con condiciones de salud delicadas.
Asimismo, informó que los centros de procesamiento migratorio han experimentado mejoras progresivas en infraestructura, condiciones sanitarias y atención médica básica, bajo una política de tolerancia cero frente a tratos crueles, inhumanos o degradantes.
Disposición al diálogo internacional
Aunque expresó preocupación por lo que considera una priorización de alegaciones no verificadas sobre información oficial suministrada por las autoridades dominicanas, el Gobierno reiteró su disposición al diálogo técnico y transparente con la CIDH y otros organismos internacionales.
Finalmente, el Estado dominicano sostuvo que la defensa del interés nacional y la protección de los derechos humanos no son objetivos contrapuestos, y reafirmó su voluntad de fortalecer la cooperación internacional dentro de un marco de respeto mutuo, buena fe y soberanía.
