El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Mimarena) sometió un recurso de revisión constitucional ante el Tribunal Constitucional (TC) con el objetivo de anular una sentencia del Tribunal Superior Administrativo (TSA) que, de ejecutarse, podría excluir terrenos de la franja costera del Parque Nacional Jaragua, una de las áreas protegidas más importantes del país.
El recurso impugna la Sentencia núm. 0030-1643-2025-SSEN-00786, dictada por la Quinta Sala del TSA, que ordena al Ministerio actualizar el Catastro Nacional de Áreas Protegidas en un plazo de 30 días. La decisión fue emitida tras acoger una acción de amparo de cumplimiento interpuesta por la empresa Inversiones del Sur, S.R.L., y establece además una multa de RD$500 diarios por cada día de incumplimiento.
Terrenos en disputa y marco legal
El conflicto legal involucra varias parcelas localizadas en los municipios de Oviedo y Pedernales, en la provincia de Pedernales. La empresa reclamante argumenta que dichos terrenos quedaron fuera de los límites del Parque Nacional Jaragua tras la promulgación de la Ley 266-04, que declaró la región suroeste como polo turístico prioritario.
No obstante, el Ministerio de Medio Ambiente sostiene que la interpretación del TSA es incorrecta y que la sentencia desconoce el régimen constitucional de protección ambiental, así como normas nacionales e internacionales que amparan las áreas protegidas y los ecosistemas costeros.
Argumentos del Estado
En su recurso ante el TC, los abogados del Estado alegan que el fallo incurre en deficiencias de motivación, una valoración errónea de las pruebas y una aplicación inadecuada del marco legal vigente. A juicio del Ministerio, la sentencia podría sentar un precedente peligroso al permitir la modificación de límites de áreas protegidas sin los estudios técnicos y ambientales requeridos por la ley.
Mimarena advierte que una eventual exclusión de estos terrenos afectaría ecosistemas sensibles, incluyendo manglares, zonas de anidación de especies protegidas y áreas de alto valor para la biodiversidad del país.
Debate entre conservación y desarrollo
El caso vuelve a colocar en el centro del debate nacional la tensión entre el desarrollo turístico del suroeste y la protección del patrimonio ambiental, particularmente en una zona considerada estratégica tanto por su riqueza natural como por su potencial económico.
El Parque Nacional Jaragua forma parte del sistema de áreas protegidas con mayor relevancia ecológica en la República Dominicana y ha sido objeto de múltiples controversias legales y sociales en los últimos años.
Ahora corresponderá al Tribunal Constitucional decidir si la sentencia del TSA se ajusta a la Constitución y a los principios de protección ambiental, o si procede su anulación, una decisión que podría tener implicaciones de largo alcance para la gestión de las áreas protegidas en el país.
