El Ministerio de Trabajo de la República Dominicana presentó una propuesta para reducir la jornada laboral semanal de 44 a 36 horas, sin afectar el salario de los trabajadores y garantizando que se mantengan los niveles de productividad.
La iniciativa ha generado un amplio debate entre sectores empresariales y laborales, ya que representa uno de los cambios más significativos en la estructura del mercado de trabajo dominicano en décadas.
Modelo 100-80-100
La propuesta contempla la implementación de un plan piloto voluntario basado en el principio 100-80-100: mantener el 100 % del salario, reducir el tiempo de trabajo al 80 % y asegurar el 100 % de la productividad empresarial.
Según el Ministerio, el objetivo es evaluar el impacto real de la medida antes de su eventual adopción más amplia, permitiendo que empresas interesadas participen de manera experimental.
Prioridad en la calidad de vida
El ministro de Trabajo, Eddy Olivares Ortega, ha explicado que la intención es abrir un debate nacional orientado a modernizar el esquema laboral y priorizar la calidad de vida del trabajador sin comprometer la eficiencia productiva.
Olivares señaló que países como Países Bajos y Alemania han adoptado modelos de jornadas más cortas con resultados positivos, y consideró que la República Dominicana puede analizar experiencias internacionales para adaptarlas a su realidad económica.
Un cambio de alcance histórico
El funcionario enmarcó la propuesta dentro de una evolución histórica del derecho laboral, recordando que la reducción de la jornada ha sido una conquista progresiva desde finales del siglo XIX.
En América Latina, varios países discuten modelos que apuntan a semanas laborales de alrededor de 35 horas, generalmente distribuidas en cinco días de siete horas cada uno. Incluso existen propuestas más innovadoras que sugieren medir la productividad por metas o tareas cumplidas, en lugar de por tiempo presencial.
El Ministerio sostiene que una jornada reducida podría generar beneficios tanto para los trabajadores —menos estrés y mejor equilibrio entre vida personal y laboral— como para las empresas, mediante mayor eficiencia y reducción de costos operativos.
La discusión ahora queda abierta entre el Gobierno, el sector empresarial y los representantes sindicales, en busca de un modelo que combine competitividad y bienestar laboral.
