La iniciativa pretende perseguir delitos ambientales y reforzar la seguridad jurídica de estos territorios, considerados parte esencial del patrimonio natural dominicano.
Según informó Medio Ambiente, la PGR ordenó una indagatoria inmediata y minuciosa sobre los daños, apropiaciones ilegales y presuntos fraudes cometidos en estos ecosistemas, con el objetivo de establecer responsabilidades penales.
Un equipo especial interinstitucional será el encargado de ejecutar las pesquisas y preparar un informe nacional sobre la situación de las 134 áreas protegidas que integran el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP). El documento permitirá identificar irregularidades, medir afectaciones y definir las acciones legales correspondientes.
Las autoridades reiteraron su compromiso con la protección de los recursos naturales y advirtieron que actuarán con firmeza contra quienes intenten vulnerar los límites legales de los parques nacionales y demás zonas bajo resguardo del Estado.
