La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció la clausura de siete organismos públicos, una reestructuración significativa que afecta a instituciones fundadas durante los gobiernos de Nicolás Maduro y Hugo Chávez.
La decisión, plasmada en el Decreto 5.248, busca reorganizar el Ministerio del Despacho de la Presidencia, ahora bajo la conducción del capitán Juan Escalona, antiguo miembro del equipo de seguridad de Maduro.
Instituciones eliminadas
Rodríguez ordenó suprimir y liquidar los siguientes entes:
-
Centro Estratégico de Seguridad y Protección de la Patria (CESPPA), creado en 2013 para procesar información estratégica sobre amenazas internas y externas.
-
Fundación Misión Socialista Nueva Frontera de Paz (2015).
-
Fundación Movimiento Bolivariano Revolucionario de la Reserva Activa General en Jefe Félix Antonio Velásquez (2016).
-
Fundación Misión Jóvenes de la Patria Robert Serra (2016).
-
Fundación Propatria 2000, establecida durante el mandato de Chávez.
-
Fundación Oficina Presidencial de Planes y Proyectos Especiales (OPPPE), también creada en la era chavista.
-
Fundación José Félix Ribas (Fundaribas), fundada en 1986 durante el gobierno de Jaime Lusinchi.
Según el decreto, estas instituciones serán eliminadas en un plazo de 90 días, bajo la supervisión de una junta liquidadora.
Motivación del Gobierno interino
El documento sostiene que el Ejecutivo debe adaptar su estructura organizativa a nuevas políticas sociales, y que se requiere ejecutar “cambios pertinentes en beneficio del interés colectivo”.
Además, Rodríguez transfirió al Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela las funciones de la Misión Nueva Frontera de Paz, enfocada en proteger zonas fronterizas del paramilitarismo, el narcotráfico y otras amenazas a la estabilidad interna.
Contexto político
Desde la captura de Maduro en Estados Unidos, Rodríguez ha impulsado reformas aceleradas, incluyendo nuevos nombramientos, reestructuración de organismos y ajustes en leyes clave.
El partido opositor Primero Justicia calificó la medida como el “desmantelamiento del chavismo a manos del chavismo”, y exigió que se informe cada fase del proceso de liquidación para evitar opacidad administrativa.
