El Instituto Dominicano de Derecho Penal (IDPP) afirmó este miércoles que el presidente del Poder Judicial y de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Luis Henry Molina, ocultó las verdaderas razones que llevaron al colapso del sistema judicial dominicano, limitándose a señalar únicamente consensos entre las partes en determinados litigios.
Según la dirección ejecutiva del IDPP, Molina omitió dos factores clave: la cultura de la prisión preventiva o cautelar, ampliamente utilizada por las Oficinas de Servicios de Atención Permanente a nivel nacional en coordinación con el Ministerio Público, y el déficit presupuestario que afecta tanto al Poder Judicial como a la Procuraduría General de la República.
El instituto señaló que el uso excesivo de la medida coercitiva más grave del Código Procesal Penal (CPP) genera una multiplicidad de trámites, incluyendo recursos de apelación, revisión y otras solicitudes al Ministerio Público, que retrasan significativamente la administración de justicia, especialmente en procesos de mediana o baja gravedad social.
Por otra parte, el IDPP denunció que el Poder Ejecutivo ha recortado de manera sistemática los presupuestos asignados al Poder Judicial desde la creación de la Ley núm. 194-2004, violando lo establecido en el artículo 63 de la Constitución sobre la autonomía administrativa y presupuestaria del órgano judicial. Según Carlos Balcácer, presidente del IDPP, estas restricciones han dejado al Poder Judicial con una deuda superior a RD$25.000 millones, afectando salarios y provocando renuncias masivas del personal hacia el sector privado.
El instituto también advirtió que la falta de recursos limita la creación de nuevas salas y tribunales, dificultando la respuesta a la creciente demanda de litigios derivada de la expansión demográfica, territorial y tecnológica del país, factores que facilitan nuevas modalidades delictivas.
