Un operativo ejecutado por la Policía ecuatoriana permitió la liberación de 49 personas, incluida una menor de edad, que permanecían secuestradas en una mina de la provincia de Azuay, en el sur andino del país.
De acuerdo con información oficial difundida por la Presidencia de Ecuador, las víctimas estaban retenidas por la organización criminal Los Lobos, considerada una de las principales bandas vinculadas al narcotráfico y a la violencia que afecta al país.
Operativo en zona minera
El rescate se llevó a cabo el miércoles en una galería subterránea del cantón Camilo Ponce Enríquez. Las autoridades encontraron a los secuestrados atados de manos y pies dentro del túnel. Entre los liberados había 46 hombres, dos mujeres y una adolescente.
Imágenes divulgadas por el Gobierno muestran a los agentes ingresando por un túnel fangoso, equipados con chalecos antibalas y armamento, mientras que en el exterior se observa a las víctimas cubriéndose de la lluvia con mantas tras ser liberadas.
Durante el procedimiento también se incautó un arsenal compuesto por armas y explosivos, lo que, según la Presidencia, representa un golpe significativo contra la capacidad operativa del grupo delictivo.
Detenidos y hallazgos
Las autoridades informaron la detención de dos ciudadanos colombianos, señalados como presuntos integrantes de Los Lobos. Asimismo, en las inmediaciones de la mina fueron hallados restos humanos enterrados, lo que evidencia la gravedad de la situación en esa zona minera.
La Policía identificó a los rescatados como trabajadores mineros, aunque no precisó si desempeñaban sus labores bajo coacción. Según su testimonio, habían sido secuestrados desde el martes.
Contexto de violencia y estado de excepción
Los Lobos forman parte de una veintena de organizaciones criminales que se disputan rutas del narcotráfico y control territorial en Ecuador, país que atraviesa una de las peores crisis de seguridad de su historia reciente.
La localidad de Camilo Ponce Enríquez, al igual que otras provincias, se encuentra bajo estado de excepción por disposición del presidente Daniel Noboa, quien ha renovado esta medida en reiteradas ocasiones desde que asumió el poder en noviembre, como parte de la estrategia gubernamental para enfrentar la escalada de violencia.
El rescate representa un nuevo capítulo en la ofensiva estatal contra las bandas criminales que operan en zonas estratégicas, especialmente en áreas mineras y corredores del narcotráfico.
