El arresto del expríncipe Príncipe Andrés el pasado 19 de febrero de 2026 ha abierto un nuevo capítulo en la crisis que desde hace años sacude a la monarquía británica por su vinculación con el financiero estadounidense Jeffrey Epstein.
Aunque fue interrogado durante varias horas y posteriormente liberado sin cargos formales, la investigación continúa bajo sospecha de “mala conducta en el ejercicio de un cargo público”, un delito poco común en el Reino Unido y complejo de probar en tribunales.
¿Qué investiga la policía?
Según reportes oficiales, las autoridades británicas analizan si Andrés compartió información confidencial del Gobierno mientras ejercía como enviado especial para el Comercio Internacional entre 2001 y 2011. Entre los documentos bajo revisión figuran informes sobre viajes oficiales a Asia y datos relacionados con oportunidades estratégicas de inversión.
Los archivos que motivaron la investigación forman parte de documentos desclasificados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos a finales de enero de 2026, en el marco del caso Epstein.
Es importante subrayar que el proceso actual no está vinculado a acusaciones de abuso sexual —tema por el cual el expríncipe ya había enfrentado controversias anteriores— sino exclusivamente a una posible conducta indebida en funciones oficiales.
Antecedentes del escándalo
El nombre de Andrés ha estado ligado durante años a Epstein, quien fue arrestado en 2019 por tráfico sexual de menores y posteriormente hallado muerto en su celda. Una de las principales denunciantes en el caso, Virginia Giuffre, lo acusó de abuso sexual, señalamientos que él siempre negó. En 2022, el caso civil en Estados Unidos se resolvió mediante un acuerdo extrajudicial.
En octubre de 2025, el rey Carlos III le retiró oficialmente los títulos de príncipe y duque de York, además de desvincularlo de funciones públicas y desalojarlo de su residencia oficial en Royal Lodge, marcando un distanciamiento institucional definitivo.
Escenarios posibles
Expertos legales citados por agencias internacionales señalan que el delito de mala conducta en cargo público exige demostrar intención deliberada de beneficiar a terceros o de obtener ventaja indebida utilizando la posición oficial. Las penas pueden variar desde multas hasta prisión, aunque la cadena perpetua es una posibilidad teórica y extremadamente improbable.
Entre los escenarios que se contemplan están:
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Archivo del caso, si no se reúnen pruebas suficientes.
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Imputación formal y juicio, lo que supondría un proceso largo y mediático.
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Debate sobre inmunidad soberana, principio histórico según el cual el monarca no puede ser procesado; sin embargo, esta figura nunca ha sido probada en la era moderna y dependería de la voluntad del rey.
Impacto en la monarquía
Aunque Andrés ya no ejerce funciones oficiales, el caso representa una de las crisis más graves para la familia real británica en décadas. El Palacio de Buckingham ha reiterado que la ley debe seguir su curso y que colaborará con las autoridades.
El futuro judicial del expríncipe sigue siendo incierto. Mientras la investigación avanza, su figura pública parece haber entrado en un declive irreversible, incluso si finalmente no se presentan cargos en su contra.




