El cantante Julio Iglesias ha iniciado un procedimiento legal contra la vicepresidenta del Gobierno de España, Yolanda Díaz, a quien acusa de haber vulnerado su presunción de inocencia al atribuirle públicamente delitos de “abusos sexuales” y una supuesta “situación de esclavitud” sin que existan pruebas ni resoluciones judiciales que respalden esas afirmaciones.
Un paso previo a la querella
La defensa del artista, dirigida por el abogado penalista José Antonio Choclán, presentó ante el juzgado civil correspondiente una solicitud de acto de conciliación, requisito previo para interponer una querella por presuntos delitos de injurias con publicidad y calumnias.
El escrito exige que la vicepresidenta:
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Reconozca el carácter difamatorio de sus declaraciones.
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Se retracte públicamente en los mismos canales donde las difundió.
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Indemnice al cantante por los daños reputacionales causados.
El origen del conflicto: publicaciones y entrevistas
El documento judicial recopila varias intervenciones de Díaz, comenzando por un mensaje publicado el 13 de enero de 2026 en su perfil de la red social Bluesky, donde calificó de “escalofriantes” los testimonios de exempleadas del artista y habló de “abusos sexuales” y “una situación de esclavitud”. Su publicación enlazaba además una noticia del medio eldiario.es sobre denuncias contra el cantante.
La repercusión fue inmediata y llevó a que la vicepresidenta ampliara sus declaraciones un día después en una entrevista en RTVE. Allí aseguró que la investigación conocida hasta el momento “da pánico” y que se trataba de vulneraciones de derechos humanos cometidas contra mujeres “en una posición de inferioridad extrema”. También reiteró su apoyo a quienes calificó como “víctimas” y felicitó a las periodistas que publicaron la información.
Señalamientos políticos y consecuencias simbólicas
Durante esa misma entrevista, Díaz vinculó el caso a un debate político, criticando a dirigentes autonómicos y nacionales por su postura. Además, reveló que había conversado con el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, sobre la posibilidad de retirarle al cantante la Medalla de las Bellas Artes, alegando razones éticas más allá de la responsabilidad penal.
La posición de Julio Iglesias
El intérprete sostiene que la vicepresidenta lo señaló explícitamente como “abusador sexual”, como responsable de mantener empleadas en “régimen de esclavitud” y como cabeza de una “estructura de poder basada en la agresión permanente”, imputaciones que —según su defensa— no están acreditadas y no forman parte de ningún proceso judicial en curso contra él.
El escrito subraya que Díaz no solo no rectificó sus afirmaciones, sino que las reiteró y amplió, atribuyendo a las denunciantes el estatus de víctimas sin que existiera una investigación judicial abierta. También critica que la vicepresidenta impulsara medidas simbólicas contra Iglesias mientras no adoptó la misma postura ante denuncias comparables dirigidas contra otras figuras.
“Incumplimiento de deberes institucionales”
La defensa del artista acusa a la vicepresidenta de haber actuado al margen de sus obligaciones institucionales y de haber perjudicado gravemente la imagen pública de Iglesias. Considera que sus declaraciones violaron el deber estatal de respetar la presunción de inocencia, tanto en su dimensión jurídica como social.
Con este acto de conciliación, Julio Iglesias abre formalmente una batalla legal que podría derivar en una querella si no se alcanza un acuerdo previo.
