El Tribunal Constitucional (TC) conoció este miércoles una acción directa de inconstitucionalidad presentada contra múltiples artículos del recién aprobado Código Penal dominicano, y decidió dejarla en estado de fallo, lo que significa que el Pleno de la alta corte aún no emite una decisión definitiva y reserva el expediente para un pronunciamiento posterior.
La acción cuestiona varias disposiciones de la norma penal que entrará en vigencia el próximo año, y busca que el TC establezca si dichas disposiciones se ajustan a la Constitución o si, por el contrario, vulneran garantías y derechos fundamentales.
Contenido de la acción y voces en el proceso
Entre los artículos atacados en la acción figura la eliminación del término feminicidio tal como se había redactado originalmente, y la redefinición de algunas tipificaciones delictivas, lo cual ha generado preocupación entre grupos de sociedad civil, en particular organizaciones que defienden los derechos de las mujeres. En ese sentido, intervino como voluntario el Centro de Investigación para la Acción Femenina, que rechaza que se suprima o modifique el concepto de feminicidio en la legislación penal.
Según representantes de ese grupo, la forma en que se tipifican ciertos delitos relacionados con violencia de género en el nuevo Código Penal podría limitar la protección legal a mujeres víctimas de violencia extrema, particularmente fuera de relaciones íntimas o cohabitacionales, donde algunas organizaciones sostienen que el texto actual podría ser insuficiente.
Qué significa “estado de fallo”
Cuando el Tribunal Constitucional deja un expediente en estado de fallo, implica que después de conocer los argumentos de las partes y los intervinientes, el caso queda listo para que el Pleno emita una decisión definitiva y fundamentada, que puede tardar semanas o meses antes de hacerse pública. Esta práctica es común en causas de alta relevancia constitucional y puede incluir, además, pedidos de aclaración o solicitudes de información adicional antes de la sentencia final.
Durante la misma audiencia, el Pleno del TC conoció y también dejó en estado de fallo otras 11 acciones directas de inconstitucionalidad contra normas de diferentes ámbitos, entre ellas recursos interpuestos por ciudadanos y entidades como José Francisco Guzmán contra el Ayuntamiento del Distrito Nacional y la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones.
Nuevo Código Penal: debates y polémicas
El Código Penal dominicano, aprobado en 2025 y programado para entrar en vigencia el año próximo, ha sido objeto de intensos debates públicos y legales desde su aprobación. Grupos civiles críticos han señalado que algunas de sus disposiciones carecen de claridad, podrían generar interpretaciones arbitrarias y, en ciertos casos, no garantizan plenamente la efectiva protección de derechos fundamentales, como el de las mujeres frente a violencia extrema y otros delitos con implicaciones sociales profundas.
La acción presentada ante el TC forma parte de un conjunto más amplio de recursos similares que buscan que la alta corte analice a fondo la constitucionalidad de esta nueva legislación penal antes de que entre en vigor, debido a la complejidad y la importancia de las normas que contienen definiciones, penas y procedimientos clave para el sistema de justicia dominicano.
