El presidente depuesto de Venezuela, Nicolás Maduro, solicitó este jueves ante un tribunal estadounidense que se desestime el caso penal por narcotráfico y corrupción en su contra, argumentando que las autoridades de Estados Unidos han impedido que el Gobierno venezolano financie su defensa legal.
La petición fue presentada por su abogado, Barry Pollack, tras la negativa de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) a otorgar una licencia que permitiría al Gobierno venezolano transferir fondos para pagar sus honorarios. Según los documentos judiciales, las autoridades estadounidenses se negaron a reconsiderar su decisión, acción que, según la defensa, interfiere con el derecho de Maduro a elegir y pagar a su abogado.
Argumentos de la defensa
En la moción presentada ante el juez federal, la defensa afirma que Maduro “quiere seguir siendo representado por Pollack”, que no puede costear su propia defensa y que tiene el derecho de que el Estado venezolano pague sus gastos legales. La declaración jurada del líder venezolano sostiene que esperaba que el financiamiento desde Caracas se hiciera efectivo y que esa expectativa formó parte de su decisión de contratar a su abogado de confianza.
Pollack sostiene que la decisión de la OFAC —que forma parte del Departamento del Tesoro de Estados Unidos— interfiere con los derechos constitucionales de su cliente, incluidos los garantizados por la Sexta Enmienda sobre la asistencia legal. El abogado advirtió que, de no prosperar la solicitud de desestimación, pedirá autorización al tribunal para retirarse como defensor de Maduro.
Sanciones y complicaciones
Tanto Maduro como el gobierno venezolano están sujetos a sanciones de Estados Unidos, lo que complica las transferencias de fondos. Según la defensa, la OFAC había aprobado inicialmente una licencia el 9 de enero para permitir la financiación de la defensa, pero esta fue enmendada ese mismo día para bloquear la transacción. La defensa argumenta que esto ha impedido que Maduro pueda pagar servicios legales bajo su derecho a un juicio justo.
El caso ha generado atención internacional al poner de relieve la compleja interacción entre las sanciones estadounidenses y el derecho de un acusado a contar con una defensa legal financiada por su propio Estado, especialmente cuando ese acusado es un antiguo jefe de Estado enjuiciado por presuntos delitos graves en territorio estadounidense.
