El magnate mediático de Hong Kong, Jimmy Lai, y otro directivo del ya cerrado diario Apple Daily fueron absueltos este jueves por el Tribunal de Apelación de Hong Kong de los cargos de fraude relacionados con el uso no autorizado de parte de la sede del periódico. Esta decisión es independiente de la condena de 20 años que Lai cumple bajo la Ley de Seguridad Nacional.
Los jueces revocaron las sentencias dictadas en diciembre de 2022 contra Lai, fundador del periódico prodemocrático, y Wong Wai-keung, dejando sin efecto las penas de cinco años y nueve meses y de 21 meses de prisión, respectivamente. Las condenas se habían impuesto por permitir que una consultora vinculada a Lai utilizara instalaciones de la sede para fines distintos a la impresión de periódicos.
El tribunal indicó que, en un contrato de arrendamiento comercial, no existe la obligación general de revelar incumplimientos propios y que el contrato no contenía cláusulas que exigieran tal notificación. La resolución se basó en una interpretación estricta del derecho común, vigente en Hong Kong desde la época colonial británica.
Contexto de la investigación
En la primera sentencia, la Fiscalía acusaba a Lai y al grupo de Apple Daily de vulnerar la sección 16A de la Ordenanza contra el Hurto, que sanciona el fraude mediante ocultación o representación falsa con la intención de obtener un beneficio ilícito o causar un daño económico.
La acusación señalaba que Apple Daily Printing Limited, filial del grupo Next Digital, había incumplido un contrato de arrendamiento firmado en 1998 con la Corporación de Parques Científicos y Tecnológicos de Hong Kong (HKSTPC). Parte de las instalaciones arrendadas se usaron entre 1998 y 2020 para actividades de Dico Consultants, firma ligada a Lai, distintas a la impresión de periódicos, sin notificar al arrendador, lo que la Fiscalía consideró ocultación deliberada con fines fraudulentos.
Situación actual de Lai
Jimmy Lai, de 78 años, permanece en una prisión de máxima seguridad cumpliendo la condena de 20 años por delitos graves como colusión con potencias extranjeras y difusión de material sedicioso, según la Ley de Seguridad Nacional. La legislación ha sido criticada por gobiernos occidentales y organizaciones de derechos humanos por su uso contra la disidencia y por vulnerar compromisos internacionales, como la Declaración Conjunta Sino-Británica de 1984, que garantiza la autonomía de Hong Kong bajo el principio “un país, dos sistemas” por al menos 50 años.
