La Contraloría General de la República (CGR) ha puesto en marcha un nuevo procedimiento que busca reforzar la transparencia y el derecho a la defensa de las instituciones auditadas, mediante la socialización de los informes preliminares de auditoría interna con las máximas autoridades de las entidades evaluadas.
La medida establece que las instituciones tendrán 12 días calendario para presentar sus descargos, evidencias documentales y argumentos técnicos antes de que se emitan los informes finales. El objetivo es evitar alegaciones de desconocimiento y garantizar un proceso más participativo.
Informes discutidos directamente con titulares
El contralor general, Geraldo Espinosa, señaló que todos los informes preliminares, sin importar el período auditado ni el tipo de revisión realizada, serán discutidos de manera directa con los titulares de las instituciones y con los funcionarios vinculados a los procesos evaluados.
Espinosa enfatizó que este procedimiento permite a las entidades aportar documentación de respaldo y formular observaciones técnicas que podrán ser consideradas antes de la conclusión definitiva del proceso, fortaleciendo así la seguridad jurídica y la participación institucional.
Primeros encuentros: Conape y CAID
Como parte de la implementación del nuevo esquema, el contralor y su equipo técnico sostuvieron reuniones con los directores del Consejo Nacional de la Persona Envejeciente (Conape) y del Centro de Atención Integral para la Discapacidad (CAID), en las que se discutieron los informes preliminares correspondientes a auditorías internas de los períodos comprendidos entre agosto de 2020 y agosto de 2024.
Estos encuentros forman parte de una agenda que la Contraloría continuará desarrollando con otras entidades del Estado, con el propósito de institucionalizar este procedimiento como parte del ciclo ordinario de auditorías.
Mayor transparencia y mejora de la gestión pública
Con esta disposición, la Contraloría busca consolidar un modelo de control más participativo, preventivo y garantista, que no solo refuerce la credibilidad y transparencia de los procesos de auditoría, sino que también eleve la calidad técnica de los informes finales.
Además, permitirá a las instituciones identificar debilidades administrativas, corregir fallas en sus controles internos y adoptar medidas preventivas antes de la emisión definitiva de los informes, contribuyendo así a una gestión pública más eficiente y responsable.
