El senador Omar Fernández, representante del Distrito Nacional por el partido Fuerza del Pueblo, anunció este miércoles que su bancada ha tomado la decisión de recurrir al Tribunal Constitucional (TC) para exigir el restablecimiento de la indexación salarial, una medida contemplada en el Código Tributario que, según el legislador, ha sido ignorada durante más de ocho años en detrimento de los trabajadores dominicanos.
A través de sus redes sociales, Fernández expresó su frustración por el camino que ha tenido que tomar la oposición para hacer cumplir lo que considera un mandato de ley. «No nos han dejado otro camino que el de acudir al Tribunal Constitucional», escribió el senador, al tiempo que lamentó que un asunto tan básico como ajustar los salarios para que reflejen la inflación real del país se haya convertido en un proceso “traumático”.
Para Fernández, la falta de actualización de los tramos exentos del Impuesto Sobre la Renta (ISR) no solo es una violación de la normativa vigente, sino una carga injusta que afecta directamente la economía de la clase trabajadora. En su publicación, afirmó que “el Gobierno entiende que sabe mejor que la gente cómo gastar un dinero que no es suyo”, en clara alusión a la negativa de las autoridades a aplicar la indexación automática cada año.
¿De qué se trata la indexación salarial?
El debate gira en torno a un artículo transitorio que debía obligar a actualizar conforme a la inflación el límite a partir del cual los asalariados empiezan a pagar ISR. Según el Código Tributario dominicano, este ajuste debería realizarse anualmente, de modo que los trabajadores no paguen impuestos sobre aumentos que solo compensan el aumento del costo de vida.
Sin embargo, desde 2017 el Congreso ha incluido en las leyes de presupuesto cláusulas que congelan ese umbral, evitando que se actualice con base en los índices de inflación. El resultado es que actualmente se empieza a cobrar ISR a partir de aproximadamente RD$34,685 mensuales, cuando, si se aplicara la indexación conforme al IPC acumulado, ese límite superaría los RD$51,000 mensuales.
Fernández subrayó que esta diferencia —de casi RD$17,000— impacta negativamente el bolsillo de los trabajadores y las familias dominicanas, especialmente en un contexto de altos costos de vida. Con la inflación acumulada de los últimos años, miles de empleados pagan impuestos sobre ingresos que en términos reales no representan una ganancia real.
