El abogado Perkins Rocha, asesor jurídico de la principal coalición opositora de Venezuela y colaborador cercano de María Corina Machado, denunció que un tribunal con competencia en terrorismo rechazó la solicitud de amnistía que presentó en febrero, alegando que su caso está excluido de los beneficios previstos en la legislación vigente.
Según explicó Rocha en una publicación en redes sociales, el juez José Antonio Morán determinó que su situación se encuentra dentro de las excepciones establecidas en el artículo 9 de la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, promulgada el 19 de febrero de 2026.
El opositor aseguró que la decisión judicial se basa en una interpretación errónea de la norma. “Existe un grave error sobre el espíritu, contenido y alcance de la ley”, afirmó, al tiempo que anunció que presentará una apelación conforme a lo establecido en el artículo 12 de dicha legislación.
Otros acusados sí recibieron el beneficio
La negativa judicial ha generado críticas dentro del sector opositor, ya que otros implicados en la misma causa sí habrían recibido la amnistía. Entre ellos figura el exdiputado Freddy Superlano, quien obtuvo el beneficio recientemente, según señalaron abogados del caso.
La normativa establece que los tribunales tienen un plazo máximo de 15 días para responder a las solicitudes de amnistía presentadas por presos políticos.
Contexto del caso
Rocha fue detenido en agosto de 2024 tras ser vinculado por las autoridades a la difusión en internet de más del 80 % de las actas electorales de las elecciones presidenciales de ese año. Dichos documentos fueron utilizados por la oposición para respaldar la supuesta victoria del candidato Edmundo González Urrutia, mientras que el oficialismo reconoció como ganador al presidente Nicolás Maduro.
El abogado también ha sido uno de los críticos más firmes del Consejo Nacional Electoral de Venezuela, al cuestionar la proclamación de los resultados sin la publicación detallada de las actas electorales.
Tras varios meses detenido, Rocha fue excarcelado en febrero de 2026 con medidas cautelares y arresto domiciliario, mientras continúa su proceso judicial y la oposición insiste en exigir su libertad plena.
El caso se produce en medio de un proceso de liberación parcial de presos políticos en el país, impulsado tras la aprobación de la nueva ley de amnistía, que ha beneficiado a miles de personas vinculadas a conflictos políticos recientes.
