A partir del 31 de marzo, los establecimientos en Texas no podrán comercializar productos de cannabis destinados al consumo mediante combustión, según la normativa definitiva emitida por el Departamento de Salud de Texas. La medida, impulsada por un mandato del gobernador Greg Abbott, representa un cambio significativo en la industria local del cáñamo y afectará a toda la oferta de flores y extractos fumables.
La regulación busca fortalecer los controles sobre los cannabinoides ante la ausencia de leyes más estrictas que limiten o prohíban los productos con THC. Además, incorpora un aumento considerable en las tasas anuales: los comercios deberán abonar USD 5.000 y los productores USD 10.000, superando las tarifas anteriores hasta 40 veces, según explicó Mark Bordas, presidente del Texas Hemp Business Council.
Otro cambio clave es la modificación de cómo se mide el THC en el cáñamo. Antes, solo se consideraba ilegal si superaba el 0,3% de Delta-9 THC en peso seco. Ahora, el departamento incluye el THCA, un compuesto que al calentarse se convierte en Delta-9, afectando directamente a la popular “THCA flower”.
Según datos oficiales, más de 9.100 locales están registrados para vender productos de cáñamo, y la nueva regulación solo impacta la venta y distribución, sin prohibir la tenencia. Los comestibles derivados seguirán permitidos, aunque con etiquetado y pruebas de calidad más estrictas.
Comerciantes como Estella Castro, propietaria de Austin Cannabis Co., advirtieron que el impacto económico será significativo: “Si desaparece la venta de flores, no podremos asumir los USD 5.000 de arancel anual, y la facturación de productos fumables representa alrededor del 40% de nuestro negocio”.
Organizaciones defensoras del cannabis, como el Texas Cannabis Policy Center, alertan que estas restricciones podrían impulsar el mercado ilegal, donde no existen controles de edad ni garantías de seguridad para los consumidores. Bordas agregó que algunas disposiciones podrían expulsar a operadores del sector, generando un impacto negativo en el acceso de los usuarios y posibles costos legales para el estado.
En conjunto, la medida redefine la actividad de la industria del cáñamo en Texas, aumenta los costos operativos y limita la disponibilidad de productos para los consumidores, generando preocupación sobre la proliferación del comercio informal y la sostenibilidad del sector legal.
