El Tribunal de Apelación del Vaticano dispuso este martes la repetición del juicio contra el cardenal italiano Angelo Becciu, exasesor del papa Francisco, quien había sido condenado por malversación de fondos, debido a “deficiencias procesales” detectadas en el proceso original.
Becciu, considerado en su momento una de las figuras más influyentes del Vaticano e incluso papable, cayó en desgracia tras una controvertida operación inmobiliaria en Londres que derivó en su procesamiento y en la pérdida de sus privilegios eclesiásticos.
Mientras se espera la nueva audiencia, prevista para el 22 de junio, permanece vigente la sentencia de 2023, que lo condenó a cinco años y medio de prisión por fraude en operaciones financieras de la Santa Sede y a una multa de 8.000 euros (aproximadamente 9.000 dólares). No obstante, no se encuentra en prisión y no se prevé que cumpla la condena hasta que se agoten todas las instancias de apelación.
Decisión histórica
El tribunal de apelación justificó su determinación al señalar que los documentos obtenidos durante la investigación preliminar no fueron entregados en su totalidad a la defensa. Asimismo, un rescripto papal emitido por Francisco, que autorizaba al fiscal a llevar a cabo dicha investigación, fue declarado inválido por no haber sido comunicado correctamente a los abogados.
Los defensores de Fabrizio Tirabassi, coacusado de Becciu, describieron la resolución como “histórica”, destacando que es la primera vez que la justicia vaticana declara nulo un rescripto papal por falta de publicación.
Un caso que sacudió al Vaticano
La caída de Becciu se enmarca en la serie de reformas financieras impulsadas por Francisco para transparentar las arcas de la Santa Sede. Su caso, centrado en la compra de un inmueble de lujo en Londres, expuso el uso cuestionable del Óbolo de San Pedro, la colecta anual destinada a fines caritativos, y provocó pérdidas significativas en las finanzas vaticanas.
Becciu, quien fue prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos y número dos de la Secretaría de Estado entre 2011 y 2018, fue forzado a renunciar y perdió sus privilegios cardenalicios en 2020. Debido a su condena, no pudo participar en el cónclave que eligió al papa León XIV el año pasado, convirtiéndose en el cargo más alto de la Iglesia católica en ser juzgado ante el Tribunal Penal Vaticano.
