La audiencia preliminar contra los exministros Donald Guerrero Ortiz, Gonzalo Castillo y José Ramón Peralta avanza hacia su etapa final, con la presentación de réplicas por parte de las defensas ante el Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional.
El Ministerio Público acusa a los imputados de integrar una presunta red de corrupción administrativa que habría ocasionado pérdidas al Estado superiores a los 19 mil millones de pesos, mediante pagos irregulares asociados a procesos de expropiación de terrenos declarados de utilidad pública.
Defensas insisten en descargo
En esta fase, las estrategias de defensa han mostrado posturas distintas. Algunos abogados han solicitado un auto de no ha lugar, al considerar que la acusación carece de base probatoria suficiente, mientras otros prefieren que el caso sea ventilado en un juicio de fondo para demostrar la inocencia de sus representados.
El abogado Miguel Valerio, en representación de la empresa Intercaribe, adoptó una línea de “defensa positiva”, reconociendo ciertos hechos contenidos en el expediente, pero rechazando cualquier responsabilidad penal.
Según explicó, aunque se admiten aspectos como la transferencia de la empresa en 2020, se cuestiona la interpretación del Ministerio Público sobre la intencionalidad de dichas operaciones.
Por su parte, otras defensas, como la de Princesa Alexandra García, sostienen que no existe evidencia que vincule directamente a su representada con las irregularidades señaladas, calificando las imputaciones como infundadas.
Decisión clave del tribunal
Tras concluir esta etapa de réplicas, la jueza deberá determinar si existen méritos suficientes para enviar el caso a juicio de fondo o dictar un auto de no ha lugar en favor de los acusados.
La decisión marcará un punto de inflexión en uno de los procesos judiciales más relevantes de los últimos años en el país, tanto por el perfil de los imputados como por el volumen de recursos públicos presuntamente comprometidos.
El proceso forma parte de una serie de investigaciones impulsadas por el Ministerio Público contra exfuncionarios del pasado gobierno, en el marco de una política de persecución de la corrupción administrativa.
Este expediente, que involucra a altos exservidores públicos y empresarios, ha sido señalado como emblemático dentro de los esfuerzos por fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas en la República Dominicana.
