El Gobierno de Donald Trump presentó una nueva demanda contra la Universidad de Harvard, a la que acusa de discriminar a estudiantes judíos e israelíes en su campus.
La querella, interpuesta ante un tribunal federal en Boston, sostiene que tras el ataque de Hamás contra Israel el 7 de octubre de 2023, estos alumnos fueron víctimas de acoso, agresiones físicas y de un ambiente hostil prolongado, sin que la universidad actuara de forma contundente.
Según el Ejecutivo estadounidense, Harvard permitió manifestaciones propalestinas que incluyeron la ocupación de espacios académicos, como bibliotecas, y la instalación de campamentos durante varios días, lo que —alega— violó sus propias normativas internas.
Escalada del conflicto legal
La acción judicial forma parte de una disputa más amplia entre la Administración Trump y la institución académica. El Gobierno argumenta que Harvard incumplió el Título VI de la legislación federal, que prohíbe la discriminación en instituciones que reciben fondos públicos.
Como medida, solicita al tribunal que ordene la devolución de miles de millones de dólares en subvenciones federales otorgadas durante el período en que, según la acusación, la universidad incurrió en prácticas discriminatorias.
Este conflicto se remonta a 2025, cuando el Gobierno exigió a Harvard cambios en sus políticas internas, incluyendo supervisión en admisiones y contratación. Tras la negativa de la universidad, se congelaron más de 2,000 millones de dólares en fondos federales.
Un enfrentamiento que se amplía
La Universidad de Harvard respondió previamente con acciones legales contra el Gobierno, logrando que una jueza suspendiera el bloqueo de fondos.
El caso se enmarca en una ofensiva más amplia del Departamento de Justicia contra universidades estadounidenses. Recientemente, también fue demandada la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA) por presuntos incidentes similares relacionados con antisemitismo en el campus.
La disputa refleja tensiones crecientes entre el Gobierno federal y centros académicos en torno a la libertad de expresión, la gestión de protestas y la protección de comunidades estudiantiles en el contexto del conflicto en Oriente Medio.
