La muerte de unos 15,000 perros callejeros en una perrera privada ha generado indignación en Rumanía, al sacar a la luz graves casos de crueldad animal y posibles irregularidades en el uso de fondos públicos.
El caso, ocurrido en un centro ubicado en Suraia, ha reavivado el debate sobre la gestión de animales sin hogar en el país, donde en los últimos 25 años se estima que han sido sacrificados alrededor de 1.5 millones de perros.
La polémica se intensificó tras la difusión en redes sociales de videos que mostraban actos de extrema violencia contra los animales, incluyendo torturas y abandono hasta la muerte.
En Rumanía, este tipo de maltrato está penado con hasta siete años de prisión. Actualmente, la perrera ha sido clausurada y se desarrolla una investigación policial.
Además, una petición ciudadana ha reunido más de 200,000 firmas exigiendo el fin de estas prácticas.
Un problema histórico sin solución
La proliferación de perros callejeros en el país tiene raíces en la época comunista, cuando numerosas familias abandonaron a sus mascotas tras ser reubicadas en bloques de viviendas.
Desde entonces, las autoridades han implementado medidas como captura, esterilización y sacrificio, sin lograr resolver el problema. Hoy se estima que existen cerca de medio millón de perros sin dueño.
Las investigaciones señalan que la perrera implicada firmó contratos con más de un centenar de municipios y sacrificaba hasta el 80 % de los animales en poco tiempo, pese a que la legislación limita estas prácticas.
Activistas y organizaciones de defensa animal advierten que no se trata de un caso aislado, sino de un sistema que incentiva económicamente la captura y eliminación de perros.
Un informe parlamentario liderado por Aurora Tasica Simu documenta maltratos, abandono y condiciones deplorables en distintos refugios, además de posibles abusos por parte de autoridades locales.
Millonarios recursos y pocas soluciones
El documento señala que en las últimas décadas se han destinado más de mil millones de euros a la gestión de perros callejeros, principalmente en sacrificios, recursos que, según expertos, habrían permitido programas masivos de esterilización mucho más efectivos.
Organizaciones como Justicia para los Animales insisten en que la solución pasa por campañas sostenidas de esterilización, identificación y adopción.
Defensores de los animales aseguran que el enfoque actual debe cambiar hacia la prevención del abandono y el control responsable de la población canina.
Proponen sustituir las matanzas por programas de esterilización masiva y fortalecer la supervisión de los refugios.
Mientras continúan las investigaciones, el caso ha puesto bajo escrutinio un modelo que, según activistas, ha priorizado durante años el sacrificio por encima del bienestar animal.
