El Gobierno de Nayib Bukele impulsa una reforma penal que contempla la aplicación de cadena perpetua para menores de edad en casos de delitos graves como homicidio, violación y terrorismo, una medida que ha generado debate en el ámbito jurídico y de derechos humanos.
La propuesta forma parte de un paquete de cambios legales que acompaña una enmienda a la Constitución aprobada recientemente por la Asamblea Legislativa de El Salvador, dominada por el oficialismo.
Penas perpetuas con revisión para menores
Durante una sesión de la Comisión Política, magistrados de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador explicaron que la reforma incluye a personas menores de 18 años, aunque con condiciones diferenciadas respecto a los adultos.
El magistrado Alejandro Quinteros detalló que, en estos casos, la cadena perpetua sería revisable, permitiendo a los condenados optar por una posible libertad controlada tras cumplir al menos 25 años de prisión.
Según indicó, este plazo sería menor al establecido para adultos y se ajusta a estándares internacionales, como los planteados por el Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, que prohíbe condenas perpetuas sin posibilidad de revisión para menores.
Además, la normativa prevé revisiones periódicas de la pena cada cinco años.
Alcance de la reforma
El paquete legislativo no solo modifica la Ley Penal Juvenil, sino también el Código Penal, la Ley contra Actos de Terrorismo y la Ley para una Vida Libre de Violencia contra las Mujeres, ampliando así el marco punitivo del país frente a delitos considerados de alta gravedad.
La reforma constitucional establece que la pena perpetua se aplicará exclusivamente a homicidas, violadores y terroristas, manteniendo la prohibición de otras formas de castigo consideradas inhumanas.
Un cambio de alto impacto
La iniciativa refleja el endurecimiento de la política criminal en El Salvador, en línea con la estrategia de seguridad del gobierno de Bukele, que ha priorizado medidas estrictas para combatir la delincuencia y las estructuras criminales.
No obstante, la inclusión de menores en este tipo de sanciones abre un debate sobre el equilibrio entre seguridad, justicia y derechos humanos, especialmente en lo relativo a la reinserción social y las garantías para la población juvenil.
