La Fiscalía de Brasil expresó este lunes, por primera vez, su apoyo a que el expresidente Jair Bolsonaro cumpla su condena bajo arresto domiciliario. Bolsonaro, condenado a 27 años de cárcel por intentos de golpe de Estado, se encuentra hospitalizado debido a una neumonía grave.
El fiscal general, Paulo Gonet, emitió su postura en respuesta a la solicitud del juez Alexandre de Moraes, quien deberá decidir en los próximos días si concede el régimen domiciliario solicitado por los abogados del líder ultraderechista.
«Se evidencia que el estado de salud del solicitante requiere cuidados constantes que solo el entorno familiar, y no el sistema penitenciario actual, puede proporcionar», señaló Gonet en su informe.
Bolsonaro, que cumplió 71 años el pasado sábado, fue ingresado el 13 de marzo en una unidad de cuidados intensivos de un hospital privado de Brasilia por neumonía bilateral bacteriana, motivo que lo obligó a abandonar temporalmente la prisión. Su estado ha mejorado gracias a los antibióticos, aunque aún no tiene fecha de alta.
El fiscal enfatizó que la prisión domiciliaria permitiría «garantizar la atención integral y continua de su salud», dado que el exmandatario enfrenta «alteraciones súbitas e imprevisibles que podrían ser perjudiciales».
Aunque la recomendación de la Fiscalía acerca a Bolsonaro a cumplir el resto de su condena en casa, la decisión final corresponde al juez De Moraes, quien ha mostrado resistencia a autorizar esta medida. Sin embargo, la reciente hospitalización ha aumentado la presión sobre el magistrado, que la semana pasada revisó un nuevo recurso presentado por los abogados del expresidente y se reunió con su hijo mayor y candidato presidencial, Flávio Bolsonaro.
El exmandatario ha presentado diversos problemas de salud relacionados con la herida de puñalada sufrida durante la campaña electoral de 2018, incluyendo episodios de hipo severo que derivaron en vómitos y la reciente neumonía por broncoaspiración. Desde noviembre pasado, Bolsonaro se encuentra recluido en instalaciones de la Policía Federal y, posteriormente, en un complejo penitenciario de Brasilia.
La condena del expresidente fue dictada el 11 de septiembre por el Supremo Tribunal Federal, por «liderar un complot golpista» tras su derrota en las elecciones de 2022 frente al actual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva.
