García, médico de profesión, docente universitaria y miembro del Ejército de la República Dominicana, ha estado en el centro de un caso estremecedor desde agosto de 2024, cuando fue arrestada tras ser acusada de causar la muerte de su hija menor en su residencia en el sector Hainamosa, en Santo Domingo Este.
El proceso ha enfrentado múltiples retrasos desde el principio, incluyendo aplazamientos de audiencias y solicitudes de evaluaciones psiquiátricas por parte de la defensa. Según sus abogados, la imputada padece esquizofrenia paranoide desde la niñez, por lo que sostienen que debe ser tratada en un centro de salud mental especializado.
Las autoridades judiciales esperan que el próximo 30 de abril se pueda dar inicio formal al juicio de fondo, donde se presentarán todas las evidencias y se determinará la responsabilidad penal de la imputada en este caso que ha generado amplio debate público.
En medio de este escenario, distintos sectores han comenzado a exigir que el tratamiento judicial del caso sea coherente con precedentes similares, como el de Jean Andrés Pumarol, quien fue ingresado en un centro psiquiátrico tras alegarse condiciones de salud mental.
Se considera que este caso debe ser tratado igual al de Jean Andrés Pumarol, dado que es muy similar, y que se debe evaluar la variación de la medida de coerción impuesta a García, así como su traslado a un centro de salud mental.
Asimismo, se reitera que la justicia debe aplicarse de manera equitativa, sin distinción de clase social. La ley debe ser la misma para todos: tanto para el pobre como para el rico, garantizando procesos justos y decisiones basadas en criterios objetivos y humanos.
