La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó este jueves una nueva prórroga de 30 días del régimen de excepción, una medida implementada desde marzo de 2022 para combatir a las pandillas y que, con esta extensión, se acerca a cumplir cuatro años de vigencia continua.
La iniciativa fue respaldada por 57 de los 60 diputados del Congreso, dominado por el partido oficialista Nuevas Ideas, y prolonga la medida hasta el próximo 30 de abril. Se trata de la prórroga número 49 de un mecanismo que, aunque fue concebido como temporal, se ha convertido en una política sostenida del Estado salvadoreño.
Argumentos del Gobierno
Las autoridades justificaron la extensión alegando la persistencia de estructuras criminales en el país. Según el decreto aprobado, la continuidad del régimen es necesaria para evitar un retroceso en los avances logrados en materia de seguridad.
El documento señala que las acciones implementadas han permitido la captura de más de 91,000 presuntos pandilleros y una reducción significativa en los niveles de homicidios, considerados durante años uno de los principales problemas de seguridad en El Salvador.
Cuestionamientos por derechos humanos
Pese al respaldo ciudadano —estimado en alrededor del 85 % de la población—, la medida ha sido objeto de fuertes críticas por parte de organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos.
Estas entidades han documentado al menos 6,889 denuncias de abusos, de las cuales cerca del 98 % corresponden a detenciones arbitrarias. Asimismo, se reporta la muerte de más de 500 personas bajo custodia estatal durante la vigencia del régimen.
El régimen de excepción implica la suspensión de derechos fundamentales como la inviolabilidad de las comunicaciones y limita garantías procesales, además de ampliar el plazo de detención administrativa hasta 15 días.
Balance a casi cuatro años
A pocos días de cumplir su cuarto aniversario, el régimen de excepción sigue dividiendo opiniones: mientras el Gobierno lo presenta como una herramienta clave para recuperar la seguridad y desarticular pandillas, organismos de derechos humanos advierten que su prolongación podría consolidar prácticas violatorias y debilitar el Estado de derecho.
El debate sobre su continuidad se mantiene abierto, en medio de una región que observa con atención el modelo salvadoreño como referencia —o advertencia— en la lucha contra el crimen organizado.
