El Tribunal Supremo ha decidido disminuir significativamente los gastos que debe afrontar el exfiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por los honorarios del abogado y procurador de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. La cifra se reduce de 79.942 euros a 39.000 euros.
La decisión se produjo tras aceptar parcialmente el recurso presentado por la Abogacía del Estado en representación de García Ortiz y por la Fiscalía, quienes consideraban que el cálculo inicial de las costas era tanto inapropiado como excesivo.
El decreto excluye del cómputo ciertos recursos, incluidos 18 de apelación resueltos por el propio Supremo, cuyas costas solo se imponen en casos de mala fe o temeridad. Además, el Tribunal continuará revisando la impugnación por considerarlas desproporcionadas y ha solicitado un informe sobre las minutas fijadas, lo que podría modificar nuevamente la cifra final. Este informe será elaborado de manera conjunta por el Consejo General de la Abogacía Española y el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM).
Álvaro García Ortiz fue condenado a dos años de inhabilitación como fiscal general por revelar información reservada sobre la investigación de fraude fiscal de Alberto González Amador. También se le impuso una multa de 7.200 euros, una indemnización de 10.000 euros por daños morales y las costas procesales.
El exfiscal ya ha saldado la multa y la indemnización gracias a aportaciones voluntarias gestionadas por la Unión Progresista de Fiscales (UPF), organización de la que fue portavoz y que asumió íntegramente el pago.
