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Exagentes del FBI demandan a la agencia y al Departamento de Justicia

Exagentes del FBI demandan a la agencia y al Departamento de Justicia

 

Tres exagentes del FBI presentaron este martes una demanda contra la institución y el Departamento de Justicia de Estados Unidos, alegando que fueron despedidos como parte de una supuesta campaña de represalias por su participación en investigaciones vinculadas al presidente Donald Trump.

La acción judicial fue interpuesta ante un tribunal federal en Washington D. C. y también está dirigida contra el actual director del FBI, Kash Patel, y la fiscal general Pam Bondi.

Alegan violación de derechos constitucionales

Los demandantes —Michelle Ball, Jamie Garman y Blaire Toleman— sostienen que sus despidos se produjeron sin previo aviso entre octubre y noviembre del año pasado, pese a contar con historiales de servicio que califican como intachables.

En su demanda, argumentan que sus derechos fueron vulnerados debido a su afiliación política real o percibida, además de denunciar la falta de debido proceso. También alegan protección bajo la Primera y la Quinta Enmienda de la Constitución estadounidense, relacionadas con la libertad de expresión y las garantías frente al poder del Estado.

Contexto: investigación contra Trump

Los exagentes participaron en una investigación encabezada por el fiscal especial Jack Smith, que en 2023 derivó en una acusación formal contra Trump.

El proceso señalaba que el mandatario habría intentado revertir los resultados de las elecciones de 2020, además de un supuesto manejo indebido de documentos clasificados. Sin embargo, el caso fue archivado posteriormente tras la victoria electoral de Trump en 2024.

De acuerdo con los denunciantes, durante la actual gestión se han producido múltiples despidos dentro del FBI, principalmente de agentes vinculados a investigaciones relacionadas con el presidente o considerados críticos de su figura.

La demanda busca que se reconozcan las presuntas irregularidades en los despidos y se establezcan responsabilidades por lo que califican como una persecución política dentro de las instituciones federales.

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