El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) instó este martes a El Salvador a reconsiderar la aplicación de la cadena perpetua a menores de edad, al advertir que esta medida vulnera normas internacionales de protección infantil.
La reforma legal, aprobada por el Congreso salvadoreño bajo el impulso del presidente Nayib Bukele, establece esta pena para adolescentes involucrados en delitos graves como homicidio, violación o actos vinculados al terrorismo, como parte del endurecimiento de la política de seguridad en el país.
Según explicó la portavoz del organismo, Marta Hurtado, la disposición permite condenar a niños desde los 12 años a prisión de por vida, con revisiones únicamente tras 25 años de reclusión, lo que contradice los principios de la Convención sobre los Derechos del Niño, que prioriza la rehabilitación y reintegración social.
Diversas entidades internacionales, incluyendo UNICEF y el Comité de los Derechos del Niño, han advertido que este tipo de sanciones resulta perjudicial para el desarrollo de los adolescentes y no constituye una medida efectiva para prevenir el delito.
Además, señalaron que el encarcelamiento prolongado de menores puede generar consecuencias sociales y económicas negativas, sin atacar las causas estructurales de la violencia.
Respuesta del Gobierno
Por su parte, el presidente Bukele defendió la reforma y aseguró que recomendaciones previas de organismos internacionales contribuyeron a que las pandillas utilizaran a menores para cometer delitos, aprovechando un marco legal que, según él, les otorgaba cierta impunidad.
La medida se enmarca dentro de la estrategia de seguridad implementada por su Gobierno, que ha logrado reducir significativamente los niveles de homicidios, aunque también ha sido objeto de críticas por parte de organizaciones de derechos humanos.
El debate continúa abierto entre quienes respaldan la mano dura contra el crimen y quienes advierten sobre los riesgos de vulnerar derechos fundamentales en nombre de la seguridad.
