El Gobierno de México cuestionó este jueves el más reciente informe del Comité de la ONU contra las Desapariciones Forzadas (CED), al considerar que carece de sustento jurídico, presenta un enfoque sesgado y no reconoce las acciones emprendidas por la actual administración encabezada por Claudia Sheinbaum.
A través de un comunicado conjunto, las secretarías de Relaciones Exteriores y de Gobernación expresaron su rechazo al documento, señalando que este “no toma en cuenta” la información y los análisis remitidos por el Estado mexicano antes de su publicación.
Señalamientos del informe internacional
El informe del comité de la Organización de las Naciones Unidas sitúa a México como el país con el mayor número de acciones urgentes relacionadas con desapariciones forzadas a nivel global. Asimismo, advierte sobre un incremento reciente en estos casos y señala deficiencias significativas en los mecanismos de respuesta institucional.
De acuerdo con el documento, México acumula 819 acciones urgentes registradas entre 2012 y febrero de 2026, lo que representa el 38 % del total mundial. Solo entre septiembre de 2025 y febrero de 2026 se habrían sumado 40 nuevos casos, equivalentes a más de un tercio de las solicitudes globales en ese periodo.
Gobierno denuncia enfoque parcial
Las autoridades mexicanas argumentan que el informe pone énfasis en hechos ocurridos entre 2009 y 2017, durante los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, sin considerar los cambios implementados por la actual gestión.
En ese sentido, el Ejecutivo calificó el documento como “parcial y sesgado”, aunque reconoció que el propio informe admite que no existen pruebas de una política estatal sistemática orientada a cometer desapariciones forzadas. Según el Gobierno, este punto refleja una realidad distinta a la de administraciones anteriores.
Acusaciones de conflicto de interés y defensa institucional
Además de cuestionar la metodología del informe, el Gobierno mexicano señaló un posible conflicto de interés entre algunos integrantes del comité, indicando que al menos uno de ellos habría estado vinculado a organizaciones que han presentado denuncias contra el Estado mexicano.
Las autoridades insistieron en que el país “no tolera ni promueve” las desapariciones forzadas y destacaron que, bajo la actual administración, se han impulsado reformas legales e institucionales en coordinación con colectivos de familiares de víctimas.
Finalmente, México reiteró su disposición a colaborar con instancias internacionales en la atención de este problema, aunque subrayó que dicha cooperación debe basarse en diagnósticos que reflejen con precisión la situación actual del país.
