La jueza de la Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional aplazó para el próximo 10 de abril el conocimiento de la solicitud de medida de coerción contra el procurador fiscal Aurelio Valdez Alcántara, acusado por el Ministerio Público de recibir un soborno de 10 mil dólares en efectivo.
El dinero habría sido entregado por Roberto Canaán Acta, exgerente de Atención al Usuario del Seguro Nacional de Salud, quien figura como testigo en un caso de presunta corrupción vinculado a la ARS estatal.
El abogado defensor, Valentín Medrano, explicó que el aplazamiento busca garantizar el derecho de defensa del imputado, permitiendo que sus representantes legales puedan reunirse con él de manera presencial y coordinar su estrategia jurídica. Indicó que la decisión responde al cumplimiento del debido proceso y a asegurar las garantías fundamentales del acusado.
Según el expediente, Valdez Alcántara fue arrestado la noche del 27 de marzo durante una operación de entrega controlada previamente autorizada por un juez. Al momento de su detención, las autoridades le ocuparon los 10 mil dólares, los cuales habrían sido ocultados en el área del sunroof de una yipeta Honda CR-V.
El Ministerio Público sostiene que el fiscal, adscrito a la Procuraduría Especializada contra la Corrupción Administrativa (Pepca), habría solicitado inicialmente 200 mil dólares, monto que luego redujo a 150 mil, además de exigir un vehículo de alta gama —específicamente un Mercedes-Benz— y un reloj de lujo, a cambio de favorecer al testigo en el proceso.
La investigación está encabezada por la procuradora general Yeni Berenice Reynoso, quien ha calificado el caso como grave y reiteró la política de cero tolerancia frente a la corrupción dentro del Ministerio Público.
El proceso continuará el 10 de abril, fecha en la que el tribunal conocerá la medida de coerción contra el imputado.
