La Confederación Dominicana de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Codopyme) solicitó al Gobierno posponer la implementación de la Ley 225-20 de Residuos Sólidos, al tiempo que hizo un llamado a revisar de manera integral la norma para corregir los efectos negativos que genera sobre la actividad productiva del país.
En un contexto marcado por la incertidumbre internacional, los conflictos en Medio Oriente, el impacto económico de la crisis haitiana y los esfuerzos del Gobierno por contener la inflación, Codopyme advirtió que imponer nuevas cargas a las Mipymes, que representan más del 98% del tejido empresarial dominicano, resulta contraproducente.
El presidente de la organización, Fernando Pinales, aseguró que la aplicación de la ley tal como está generará costos acumulativos que se trasladarán al consumidor final, presionando los precios al alza y afectando el poder adquisitivo de los hogares. “No es coherente hablar de contención de precios mientras se incrementan los costos de producción de las Mipymes”, subrayó.
Codopyme destacó que las Mipymes no rehúyen su responsabilidad ambiental, pero advirtió que no pueden asumir cargas desproporcionadas ni operar bajo un modelo que favorece la concentración del mercado y margina a los pequeños productores.
Además, la confederación cuestionó la gobernanza del fideicomiso creado por la ley, señalando que la presencia de la asociación de gestores en su consejo genera un conflicto de interés que pone en duda la transparencia y sostenibilidad del modelo. Pinales señaló que, en lo que va del año, ya se han propuesto incrementos en las tarifas que ellos mismos perciben, consolidando un negocio lucrativo para un grupo reducido de empresas en detrimento del resto del sector.
Frente a esta situación, Codopyme propone:
- Aplazamiento inmediato de la aplicación de la ley hasta realizar las correcciones necesarias.
- Revisión técnica integral del marco regulatorio, con participación activa de las Mipymes.
- Reforma de la gobernanza del fideicomiso, garantizando independencia, transparencia y eliminación de conflictos de interés.
- Diseño de un sistema proporcional y escalonado, que reconozca el tamaño y capacidad económica de cada empresa, con incentivos reales a la sostenibilidad.
“Este no es el momento para decisiones que agraven la situación económica. La ruta correcta es coherencia, diálogo y visión país. No aplicar la ley en su forma actual protege el empleo, evita aumentos de precios y mantiene la actividad económica”, concluyó Pinales.
Codopyme reiteró su disposición al diálogo constructivo, pero reafirmó su compromiso de defender la viabilidad y sostenibilidad de las Mipymes dominicanas.
