El Gobierno del presidente Donald Trump ha asignado más de 250 millones de dólares para financiar programas de cooperación entre el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y departamentos de policía locales, según datos recopilados por la organización FWD.us.
Estos programas, conocidos como modelos de “Task Force”, otorgan incentivos económicos a las autoridades locales para detener a migrantes, según la información publicada. En total, 976 departamentos policiales en todo el país han firmado acuerdos con el Gobierno federal, recibiendo más de 100.000 dólares por departamento y un bono adicional de 7.500 dólares por cada agente que se incorpore al programa.
Felicity Rose, vicepresidenta de política de justicia penal de FWD.us, advirtió que este tipo de acuerdos «incentiva el sesgo racial en la actuación policial y los arrestos por delitos menores».
Cuando se lanzó la iniciativa, en septiembre de 2025, el Departamento de Seguridad Nacional indicó que estaba dirigida a detener y deportar a «lo peor de lo peor», incluyendo asesinos, miembros de pandillas, violadores y terroristas. Sin embargo, estadísticas recientes muestran que más del 70 % de los detenidos en centros de inmigración no tienen condenas por crímenes, y la mayoría de los que sí cuentan con sentencias están relacionados con delitos menores, como violaciones de tráfico, según datos del centro TRAC de la Universidad de Syracuse.
Documentos internos de ICE, filtrados en marzo por el periodista Ken Klippenstein, revelan que los agentes que participan en el programa solo comienzan a recibir los bonos extra tras el arresto de su primer migrante. Además, el programa incluye compensaciones adicionales por la detención de menores no acompañados.
Florida y Texas son los estados con más departamentos policiales involucrados, con 270 y 161, respectivamente. Las autoridades locales de Florida han recibido más de 149 millones de dólares en desembolsos federales, mientras que las de Texas han recibido cerca de 13 millones.
Según estimaciones de FWD.us, entre 13.800 y 15.800 policías en todo el país han sido entrenados por DHS para participar en labores relacionadas con la migración, lo que ha generado un debate sobre el impacto del programa en la justicia penal y la seguridad comunitaria.
Este programa se mantiene como uno de los pilares de la política migratoria del Gobierno de Trump, y ha generado críticas por su potencial para fomentar detenciones indiscriminadas y sesgo racial dentro de los departamentos de policía locales.
