El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) presentó un informe que evidencia progresos en la transformación institucional y la eficiencia del sistema de justicia en República Dominicana, aunque señala que persisten limitaciones estructurales que afectan el acceso efectivo a la justicia.
Principales avances
- Transformación digital: cerca del 66 % de los trámites se procesan electrónicamente.
- Reducción de plazos: se reporta una disminución de 21.6 días en la resolución de asuntos judiciales.
- Firma digital: más de 3 millones de documentos judiciales han sido firmados digitalmente.
- Capacidad resolutiva: promedio nacional de 94.9 %, con el Distrito Nacional alcanzando 100.5 %. Provincias como Santo Domingo y Monte Cristi registran 90.8 % y 87.9 %, respectivamente.
Reconocimiento internacional
- Según el Índice de Estado de Derecho 2025 del World Justice Project, República Dominicana ocupa el puesto 76 de 143 países, con una mejora de 2.1 %, destacándose en un contexto global de deterioro institucional.
Retos identificados
- Acceso a la justicia: limitado por la distancia geográfica, disponibilidad de servicios y capacidad de respuesta local.
- Percepción ciudadana: 36.3 % de los encuestados reportó obstáculos por demoras, costos y deficiencias en la atención.
- Desconocimiento de servicios digitales: 7 de cada 10 personas no conoce herramientas para consultar casos o realizar trámites en línea.
- Recursos humanos y financieros: densidad de jueces bajó de 7.4 a 6.6 por cada 100 mil habitantes entre 2021 y 2025; presupuesto judicial cayó del 1.05 % al 0.87 % del gasto público, lejos del 4 % de Costa Rica.
Recomendaciones del PNUD
- Fortalecer la articulación interinstitucional
- Promover justicia de proximidad y uso ampliado de tecnología
- Planificar con base en datos territoriales
- Involucrar a actores comunitarios y fomentar mecanismos alternativos de resolución de conflictos
Los hallazgos fueron presentados durante la Conferencia Nacional del Poder Judicial 2026, con la participación de representantes del sistema judicial y del PNUD.
