El Senado de la República Dominicana aprobó este miércoles en primera lectura, tras ser liberado de lectura, el proyecto de ley que crea el Sistema Nacional de Alertas (AlertasRD), una iniciativa que busca establecer un mecanismo de búsqueda inmediata a nivel nacional para la prevención, localización, asistencia y resguardo de las personas desaparecidas.
Origen de la propuesta
La pieza legislativa, que había perimido en la pasada legislatura y fue reintroducida, es autoría de las diputadas Liz Mieses Díaz y Carmen Ligia Barceló. El proyecto plantea la implementación de un sistema que permitirá activar protocolos de localización ante la denuncia de una desaparición, sin necesidad de esperar plazos prolongados.
Tipos de alertas
El proyecto incluye la conocida “Alerta Amber” para niños, niñas y adolescentes, pero amplía el alcance con un conjunto de alertas especializadas según el perfil de la persona desaparecida:
- Alerta Silver: para adultos mayores.
- Alerta Azul: para personas con discapacidad en alto riesgo.
- Alerta Rosa: para mujeres en situaciones de violencia o trata.
La iniciativa establece que la activación de las alertas deberá conllevar la difusión inmediata de la información a través de medios de comunicación, redes sociales, plataformas digitales, terminales de transporte y entidades de seguridad, lo que permitirá una respuesta coordinada a nivel nacional.
Cooperación internacional
El proyecto prevé la cooperación con organismos internacionales en los casos que involucren posibles traslados fuera del país o redes transnacionales, así como la participación de distintas instituciones del Estado en los procesos de búsqueda e investigación.
Régimen de sanciones
En materia de sanciones, la normativa indica que los servidores públicos que, teniendo conocimiento de una desaparición, omitan reportarla o no activen los protocolos correspondientes, incurrirán en una falta grave conforme al régimen disciplinario de la administración pública. Estas medidas podrían traducirse en suspensión o destitución del cargo.
Además, se aclara que las sanciones administrativas no excluyen otras responsabilidades, por lo que los funcionarios también podrían enfrentar procesos civiles o penales.
Próximos pasos
La propuesta legislativa deberá ser conocida en segunda lectura antes de pasar a la Cámara de Diputados para su eventual aprobación definitiva.
