El cantante Julio Iglesias tiene previsto presentar una querella ante el Tribunal Supremo contra la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, por los delitos de injurias y calumnias, después de que la dirigente política se haya negado a rectificar unas declaraciones relacionadas con una denuncia previa contra el artista por supuestos abusos sexuales.
El conflicto se produjo tras un intento de conciliación celebrado este martes en un juzgado de Madrid, requisito previo antes de formalizar la querella. Según fuentes jurídicas, la representante del Gobierno rechazó retractarse de sus palabras al considerar que no vulneraron el honor ni la presunción de inocencia del intérprete.
Al no alcanzarse un acuerdo entre las partes, el siguiente paso será la presentación de la acción legal en el Supremo, ya que Díaz, por su cargo, cuenta con aforamiento.
Origen del conflicto
El cantante ya había solicitado en febrero un acto de conciliación, alegando que las manifestaciones de la ministra habían sido “ofensivas y difamatorias” en relación con una denuncia presentada contra él por dos exempleadas, posteriormente archivada por la Fiscalía de la Audiencia Nacional al no cumplir los requisitos de competencia.
En aquel escrito, la defensa de Iglesias pedía que Díaz reconociera el supuesto daño reputacional, se retractara públicamente y compensara económicamente los perjuicios ocasionados.
Declaraciones bajo la lupa
La futura querella se centra en comentarios difundidos por Yolanda Díaz en redes sociales y en una entrevista televisiva, donde se hacía eco de testimonios vinculados a la denuncia inicial, mencionando presuntos abusos y condiciones laborales irregulares en el entorno del artista.
La defensa de Iglesias sostiene que esas afirmaciones adelantaban juicios de culpabilidad y dañaban su reputación.
Situación judicial previa
La investigación original fue archivada por la Fiscalía al considerar que la justicia española no era competente para seguir el caso. Posteriormente, el equipo legal del cantante intentó acceder a la denuncia para emprender acciones legales adicionales, aunque sin éxito.
Con la falta de acuerdo en el acto de conciliación, el caso pasará ahora al Tribunal Supremo, donde se decidirá si admite o no la querella contra la vicepresidenta del Gobierno.
