Santo Domingo — El Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) expresó este viernes su respaldo a las acciones que realiza el Gobierno de la República Dominicana frente a la investigación de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) sobre prácticas laborales en las cadenas de suministro internacionales. La organización empresarial resaltó que el país ha demostrado de manera constante su compromiso con la protección de los derechos de los trabajadores.
En un comunicado, Conep aclaró que el anuncio del USTR no constituye una acusación directa contra la República Dominicana, sino que forma parte de un proceso más amplio que abarca a más de 60 países. La entidad subrayó que se trata de una investigación global en la que el país figura como uno de varios socios comerciales de Estados Unidos bajo revisión.
El gremio destacó que el Gobierno dominicano ha mantenido un diálogo activo y permanente con las autoridades estadounidenses, coordinando sus acciones con los diferentes sectores productivos nacionales. Conep valoró estos esfuerzos y reafirmó su disposición a colaborar, proporcionando información y respaldando iniciativas que faciliten una comprensión completa de la realidad laboral en el país.
Asimismo, la organización empresarial enfatizó que la República Dominicana ha cumplido históricamente con los estándares internacionales de comercio y respeto a los derechos laborales. Conep confía en que el intercambio técnico y el diálogo permitirán atender de manera adecuada las inquietudes planteadas por Estados Unidos.
La reacción surge después de que el USTR incluyera a la República Dominicana y a otros países de América Latina en una investigación bajo la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, que señala posibles deficiencias en la prevención del trabajo forzoso en las cadenas de suministro. Esto podría derivar en aranceles adicionales de entre 10 % y 12,5 % a las importaciones provenientes de estas economías.
Aunque no se trata de sanciones inmediatas, la medida coloca al país bajo un mayor escrutinio comercial, en un momento en que Estados Unidos ajusta su política comercial con énfasis en seguridad económica, derechos laborales y trazabilidad productiva.
